Brasil: entre jueces y política

No es algo novedoso para nadie que el impeachment a Dillma Rousseff –hace un año atrás– digitado por la consigna de enfrentar la corrupción, obedeció a una estrategia destinada a restaurar el poder económico y político de una oligarquía acostumbrada a gobernar, no importa a qué costo.  Con la complicidad del Poder Judicial y serios indicios de inconstitucionalidad, el golpe parlamentario en Brasil tuvo como objetivo arrebatar el poder a más de una década de gobiernos del PT, surgidos de las urnas.

En verdad, la destitución de Rousseff fue apenas el comienzo de una acción concertada entre sectores de la derecha y un poder mediático a la ofensiva dispuestos a poner en entredicho el capital simbólico del PT y de su máximo líder el expresidente  de izquierda Lula da Silva, con aspiraciones electorales y apoyo social para volverse a postular el 2018.

En un contexto en el que la operación Lava Jato, encargada de sacar a luz y desmontar los vínculos de una casta política comprada por sobornos empresariales avanzaba en sus investigaciones, el expresidente aparecía como principal implicado por haber recibido regalos de empresas vinculadas a Petrobras.

En un ostentoso operativo policial, digno de un thriller de novela negra, Lula fue detenido para prestar sus declaraciones, por órdenes de Sergio Moro, un juez que goza de la legitimidad de quien se enfrenta y lucha contra la impunidad de grupos mafiosos y poderosos. 

La macrooperación policial que detuvo a Lula, bautizada Aletheia –en referencia a la expresión griega “búsqueda de la verdad”–, movilizó a 200 policías y 30 auditores. En rigor de verdad, más que un acto encaminado a develar la trama de la corrupción, este exabrupto fue leído como una escenificación mediática con objetivos más políticos que judiciales.

La condena de Lula a nueve años y medio de prisión, por delito de corrupción y lavado de dinero dispuesta en primera instancia por el juez Moro, corona la escalada de una derecha que ha encumbrado (y sostenido) en el gobierno a Michel Temer, al parecer cerebro de una trama de captación de recursos ilegales, que hoy el Tribunal de Justicia investiga y sobre el que aún no se pronuncia, aduciendo su inmunidad, que más parece impunidad.    

Lo cierto es que el presidente Temer correligionario y presunto cómplice de uno de los personajes más siniestros que pueblan la política brasileña: Eduardo Cunha, –a la sazón expresidente de la Cámara de Diputados y propulsor del golpe, condenado a 15 años por cargos de corrupción en el ejercicio de sus funciones públicas–, permanece blindado por la justicia y el Parlamento.

Mientras tanto, la delación premiada, instrumento que ha permitido a Lava Jato recabar información relevante para desenredar un ovillo de complejas complicidades entre la clase política y la empresa Petrobras, no deja de ser un arma de doble filo que se mueve entre medias verdades y ocultamientos. En los últimos días, la Fiscalía brasileña ha podido establecer que uno de los delatores contra Lula mintió, por lo que queda absuelto de uno de los cuatro juicios que se le sigue. En cualquier caso, no puede perderse de vista que las denuncias o “verdades” de los delatores tienen como límite los derechos y garantías del investigado y en especial su presunción de inocencia

La autora es socióloga.