Estamos en la recta final

Todo está listo, las comitivas de Bolivia y Chile, están, o viajan rumbo a La Haya, sede del más grande Tribunal creado por la humanidad para resolver pacíficamente las controversias entre Estados, garante final de la paz y la seguridad global. Nuestro caso está caratulado como “Obligación de Negociar un Acceso Soberano al Mar”, y así quedará registrado en los anales de la Corte.

Dos elementos caracterizan a esta penúltima etapa del procedimiento, primero, se levantará la secrecía documental, y, segundo, presenciaremos la puesta en escena de la naturaleza misma de la ciencia y arte del litigio jurídico, la argumentación oral.

En palabras de Evo Morales se trata de ponerle fin al “más largo e injusto encierro de la historia”, y en términos de Sebastián Piñera “no están en juego ni mar ni territorio chilenos”. Así las cosas, me animo a describir brevemente a los actores, sus estrategias, el quid de la controversia, quienes los patrocinan, y qué aporta esta demanda al desarrollo del Derecho Internacional.

Los actores. Chile, su élite gobernante y su diplomacia, reflejo fiel del Estado Portaliano, anacrónico y decimonónico, desarrollado gracias a la geofagia preconizada por personajes como Diego Portales, que construyeron el mito de que todo lo que hace su élite es bueno y beneficioso para su pueblo, severamente cuestionado por políticos y sectores progresistas. Bolivia, un Estado refundado, plurinacional, incluyente, que si bien no termina de superar sus lastres coloniales, cuenta con nuevos e irreverentes actores, un Estado y una sociedad en permanente rebeldía, capaz de sentar a Chile en el banquillo de los acusados, imperdonable afrenta para el conservadurismo araucano.

Las estrategias son nítidas. Chile asume una actitud previsora ante una cuasi descontada derrota judicial, y anuncia una férrea resistencia respecto a cualquier “fallo creativo” emergente de la Corte. Bolivia, empeñada en lograr el reconocimiento de las obligaciones generadas por Chile durante más de cien años de promesas, acuerdos y negociaciones directas, cuyos compromisos fueron incumplidos sistemáticamente, razón de ser de la controversia. Nuestras autoridades vaticinan una victoria y anticiparon solicitudes de garantes y facilitadores, nada menos que el Papa y las Naciones Unidas.

El quid. Estará centrado en los argumentos principales sobre el objeto de la controversia, que fue claramente delimitado en el fallo que resolvió las objeciones preliminares planteadas por Chile, cuando la Corte declaró su competencia plena para conocer y resolver este asunto, y que nuestra demanda es distinta y separada del tratado de 1904, que provocó la mutación argumentativa chilena, cobijada en la frase “sin obligación de resultados”, entendida por ellos como que la Corte no podrá obligarles a ceder territorio ni mar a Bolivia.

A mi entender, con base en las preguntas formuladas durante los alegatos orales del 2015, el quid en esta etapa, es el “acceso soberano” y “los acuerdos consolidados” emergentes de los compromisos e incumplimientos de Chile, que Bolivia reclama ordenar a la Corte, sean cumplidos de buena fe y en plazos razonables.

Los patrocinantes. Chile eligió contratar a uno de los mejores y más experimentados consorcios de abogados del mundo, expertos en litigios internacionales, distinguidos por la mercantilización del derecho, que, cual mercenarios velan por el resultado, sin importar las armas ni las artes aplicadas. Bolivia en cambio construyó un equipo de profesionales de gran prestigio y experiencia, con un rasgo distintivo fundamental, creen en el Derecho Internacional y aportan a su desarrollo doctrinal y jurisprudencial, respaldados por un excelente grupo de profesionales bolivianos, la mayoría jóvenes. En términos musicales, una banda versus una sinfónica.

El aporte. Ésta es una demanda sui generis, su base convencional continúa en construcción, se sustenta principalmente en la Doctrina y la jurisprudencia desarrollada por la propia Corte. En consecuencia, el fallo a emitirse, independientemente del resultado y las obligaciones derivadas, serán un significativo aporte al desarrollo del Derecho Internacional, por la labor interpretativa que le estamos pidiendo realizar. La sentencia, por supuesto que será “creativa”, dará luces a futuros entendimientos en materia de actos unilaterales y obligaciones emergentes de ellos, ahí radica la preocupación de Chile y su antelada declaración de no aceptarla ni cumplirla.

Clausuradas las sesiones orales comenzará la tercera y última etapa, en la cual nada ni nadie puede influir. Solo quedará esperar la sentencia y prepararnos para cumplirla fielmente y, en su caso, exigir que se cumpla lo ordenado. Estamos en la recta final.

El autor es abogado, diplomático y docente universitario