Quiborax: Gobierno definió pago de $us 625 la hora para la defensa

El Gobierno dispuso el pago referencial de 625 dólares la hora para la contratación del consorcio de abogados que defendería a Bolivia en el caso Quiborax, que fue adjudicado a la firma internacional Dechert LLP, según el Documento Base de Contratación (BDP) publicado en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes).

“El límite máximo para el pago de horas de prestación de servicios será de 450 mil dólares anuales, pagaderos una vez aprobado el informe mensual que cumpla por las condiciones dispuestas en la presente cláusula”, establece el documento.

Dechert LLP se adjudicó la convocatoria bajo la modalidad de licitación internacional, según los datos consultados en el Sicoes. La firma representó a Bolivia en el arbitraje ante la Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) en el período 2010-2013, según información oficial difundida en los medios de comunicación.

Si se consideran los montos anuales máximos, el Estado destinó más de 1,3 millones de dólares en gastos de representación, aunque no logró ganar la controversia internacional. Debido a ello, también tuvo que pagar 42,6 millones de dólares de indemnización a Quiborax.

Los especialistas en derecho internacional consultados por Los Tiempos informaron que el promedio de representación para este tipo de casos en Estados Unidos (país en el que se desarrolló el juicio) tiene un promedio de 600 dólares la hora, 25 dólares menos que lo presupuestado por el Gobierno.

En este sentido, el especialista en derecho internacional Sergio Castro calificó el monto destinado por el Gobierno como “esperable”, debido a los altos estándares fijados por bufetes que se dedican a este tipo de arbitrajes.

Sin embargo, explicó que, en Bolivia, los letrados dedicados a casos similares reciben honorarios que oscilan entre los 10 mil a 15 mil dólares en concepto de representación por proceso.

“Cuando vas a un tribunal de corte internacional de justicia, tienes una lista de letrados que tienen experiencia ante este tipo de tribunales, expertos en arbitraje de Ciadi en Corte Permanente de Derechos Humanos, etc.”, afirmó. Añadió que, debido a ello, la convocatoria fue de carácter internacional.

Según el Sicoes, el consorcio internacional Dechert LLP ganó la licitación a otras 10 firmas internacionales. Esta compañía también se adjudicó otros tres casos de arbitrajes por el mismo valor de costos de representación fijados en 450 mil dólares al año.

En 2017, Dechert LLP obtuvo una mejor puntuación que el consorcio jurídico Hispano Argentino, Cuatrecasas - Goncalves Pereira, el consorcio Rabinowitz Boudin, Francisco Victoria Andreu, K & L Gates LLP, B - Cremades y Asociados, Mishcon de Reya New York LLP, Faegre & Benson LLP, Vargas y Asociados y Thompson & Knight.

Critican confidencialidad

El abogado especializado en derecho internacional, Sergio Castro, afirmó que la cláusula de confidencialidad del Decreto Supremo (DS) 2698, del 9 de marzo de 2016, restringe la información de los recursos estatales.

La medida permite guardar en secreto las contrataciones de bufetes de abogados realizadas por la Procuraduría General del Estado, y la exime de presentar su rendición de cuentas. Para ello se argumenta que la socialización de los detalles de la controversia en el proceso de licitación podría provocar que algunos actores utilicen la información indebidamente.

“Esto es un escaso, en el momento que existe algo que es un secreto para el Estado, se aleja de la ciudadanía y fácilmente se puede convertir en un espacio de corrupción”, sostuvo Castro.

Indicó que, debido a la idiosincrasia de algunos funcionarios, la norma puede generar sobreprecios de los servicios.

OPOSICIÓN RECHAZA DECRETO SUPREMO

El senador Oscar Ortiz denunció ayer, en declaraciones a Radio Panamericana, que la Procuraduría General del Estado esconde información acerca de la contratación de los estudios jurídicos y pagos efectuados en los diferentes procesos por arbitraje por la nacionalización de empresas que afrontó el Estado. También rechazó el Decreto Supremo 2698.

“Lamentablemente, el procurador Pablo Menacho intenta confundir a la opinión pública con medias verdades y faltando a la verdad en otros puntos. Aquí, el hecho concreto es que se le esconde información a la ciudadanía”, señaló Ortiz.

EL ESTADO ASUMIÓ OTROS GASTOS REEMBOLSABLES

El Documento Base de Contratación (DBC) que estableció los parámetros para contratar un consorcio internacional que se haga cargo de la defensa de Bolivia en el caso de arbitraje de Quiborax en 2017 también estableció que el Gobierno boliviano se haga cargo de otros gastos reembolsables, además de los 450 mil dólares anuales.

“Se reconocerán como gastos reembolsables los relacionados a fotocopias, pasajes y reportes telefónicos, que documentalmente se acrediten, refieran o circunscriban a la prestación del servicio contratado, mismos que serán pagaderos una vez aprobado el Informe Mensual que los incluya, por parte del Contratante”, indica el documento oficial consultado por Los Tiempos.

Asimismo, el DBC señala que los términos son de referencia y no pretenden limitarlos.

“Estos términos de referencia son enunciativos y de orientación, no son limitativos, por lo que el proponente, si así lo desea y a objeto de demostrar su habilidad en la prestación del servicio, puede mejorarlos con la finalidad de optimizar el uso de los recursos humanos y económicos”, indica.