DGAC y legisladores apuntan a Aduana por decomiso de jet
La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) responsabilizó a la Aduana por los permisos de estadía y el decomiso del lujoso jet Super Mid-Size Gulfstream GIII, mientras legisladores apuntaron a la institución aduanera por pasar en “tiempo récord” esa nave a manos del Ministerio de la Presidencia.
El director de la DGAC, Celier Ariespe, informó que esta institución cumplió con los procedimientos bajo su competencia. Explicó que la nave llegó el 7 de abril de 2017 al aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz procedente del aeropuerto de Cozumel, México, y no pudo retornar a ese país por un problema de mantenimiento.
Los responsables de la nave, según Arispe, solicitaron la autorización de salida para efectuarla entre 14 y 18 de abril del mismo año, pero por los mencionados problemas no se materializó. Arispe agregó que la DGAC recibió una segunda solicitud para abandonar el país entre el 24 y 26 de abril, pero tampoco se realizó. El director de la DGAC añadió que el 26 de febrero de este año envió una nota al administrador de Aduana Viru Viru comunicando que la nave permanecía en El Trompillo y que la DGAC desconocía si cumplía con los requisitos que exige la Aduna. “Nos comunican de la Aduana que la aeronave ha sido comisada”, dijo.
Sin embargo, la DGAC informó anoche, a través de un comunicado, que la Aduana respondió a mencionada nota el 30 de abril de 2018 indicando que, al verificar la aeronave, constató que no contaba con la correspondiente Admisión Temporal, por lo que se procedió “de forma inmediata” a su comiso.
En tanto, el diputado de Unidad Demócrata (UD), Tomás Monasterio, denunció que autoridades de Gobierno ocultaron información referente a la aeronave con la finalidad de “apropiarse de algo que no le pertenece”. Agregó que el documento de registro de ingreso y el documento en que se solicita el depósito de la aeronave desaparecieron de manera premeditada y dolosa. Además, cuestionó a la Aduana revertir la propiedad del avión de “manera ilegal” y con “una celeridad nunca antes vista”.
En la misma línea, el diputado Luis Felipe Dorado, también de Demócratas, manifestó su preocupación por el procedimiento utilizado por la Aduana, que adjudicó “de un día para otro” la aeronave en favor del Ministerio de la Presidencia. “La Aduana tiene que decirnos cuál fue el procedimiento tan rápido (que utilizó)”, dijo, a tiempo de mencionar que el decomiso y posterior adjudicación salió a la luz pública pocos días después de que él hiciera una petición de informe respecto a la salida e ingreso de aeronaves a territorio nacional.
Según la DGAC, la aeronave no salió del país por falta de mantenimiento. Según una fuente de esta institución, la nave sólo podía ser reparada por un técnico certificado por la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) pero no se encontró uno en el país. Asimismo, el repuesto tenía que ser traído de otra región, lo que complicó esta operación. La última vez que alguien de la empresa se acercó fue en enero, señalaron las fuentes consultadas.
EL AVIÓN DEBE MÁS DE 35 MIL BOLIVIANOS
El jefe administrativo de Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana-Viru Viru), Darwin Melgar, informó que el jet comisado pagó por servicio de pernocte desde su llegada hasta mediados de diciembre, pero evitó referirse a los montos. Sin embargo, una fuente de dicha institución, que prefirió mantener su nombre en reserva, indicó que la deuda bordea los Bs 35.000. Melgar explicó que el pago por la estadía se calcula en función al peso de la nave y que el costo diario es del 20% del valor del aterrizaje.
EXPERTO: ADJUDICACIÓN PUEDE TARDAR VARIOS AÑOS
El especialista en aeronáutica Omar Durán cuestionó el accionar y el tiempo en el que la Aduana Nacional de Bolivia comisó y adjudicó en favor del Ministerio de la Presidencia el jet Super Mid-Size Gulfstream GIII, con placa de control N557 JK, ya que este procedimiento puede tardar varios años. Indicó que existe una aparente intención de favorecer a dicha cartera ministerial.
“Cuando se incautan avionetas al narcotráfico pasan a filas de la FAB, pero no es así de rápido, meses, hasta años la posesión como tal”, agregó.
Durán dijo que lo correcto era que la Aduana transfiera la nave a la Fuerza Aérea Boliviana o a la Dirección General de Aeronáutica Civil porque son instituciones que tienen los recursos y la capacidad para el mantenimiento del avión.
La nave es de propiedad de Bank of Utah (EEUU) en calidad de fiduciaria, que a su vez la alquiló a Global Exec Aviation, con sede en California, que era el operador de la aeronave.
