Desacuerdo con Menacho afectó pago a juristas chilenos
El abogado chileno Roberto Celedón confirmó ayer que Bolivia no cumplió con el compromiso asumido con él y su colega Matías Coll del Río cuando aceptaron defender a los nueve bolivianos detenidos en Chile, el 19 de marzo de 2017. El jurista cree que “las serias diferencias” que tuvo con el procurador Pablo Menacho, en la definición de la estrategia de la defensa legal de los funcionarios de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), pudieron haber afectado el cumplir con la cancelación de los gastos efectuados durante los tres meses que duró el proceso legal en Iquique.
El 20 de marzo de 2017, dos militares y siete funcionarios de la ANB fueron detenidos en el penal Alto Hospicio, en la localidad chilena de Pozo Almonte, por los delitos de robo con intimidación y violencia; portación y tenencia ilegal de armas, y contrabando.
Celedón y Coll fueron contactados por el Gobierno para asumir la defensa legal de los bolivianos. El abogado chileno deja en claro que no son los honorarios lo que solicita cancelar, sino los gastos que se hicieron en la logística y que corrieron por su cuenta.
“En ese marco había un compromiso anunciado que incluía la restitución de los gastos de traslado, etc. Eso prefiero no hablarlo de manera pública, estimo que entra dentro el campo de lo privado”, señaló.
Celedón reconoció que no hubo un acuerdo con el Procurador de Bolivia en definir la estrategia de defensa porque él insiste, hasta hoy, en que los nueve bolivianos son inocentes de los delitos que se los acusaba.
“No eran contrabandistas, sino eran funcionarios que luchaban contra el contrabando (que eran) acusados de robo, pero el conflicto era básicamente diplomático y no de carácter judicial”, dijo. Recordemos que los nueve bolivianos se acogieron a un proceso abreviado y se declararon culpables.
Agregó que “yo no sé si a raíz de la diferencia que hubo en relación a este tema, el señor Menacho no quiere que se sustituyan los gastos de los abogados de Santiago, pero las autoridades de Bolivia tendrán que resolver. Nosotros cumplimos con todos nuestros compromisos y no participamos de la absolución final que manejaron los abogados de Iquique, de los funcionarios con la Fiscalía de Pozo Almonte”.
Asegura que la Procuraduría hizo “un compromiso que no cumplió, pero que se hizo presente en su momento a las autoridades (bolivianas) correspondientes y a nadie le gusta no cumplir con los compromisos”.
El abogado agregó que el trabajo que realizó no lo hizo por los honorarios sino por convicción por “colaboración a una situación complicada”.
“Todos los gastos los asumimos nosotros y había el compromiso de restitución”, reiteró, aunque no quiso precisar el monto que las autoridades de Bolivia le adeudan.
DATOS
19 de marzo de 2017. Una patrulla de dos militares y siete funcionarios de la Aduana interceptan a tres camiones chilenos ingresan a suelo boliviano.
20 de marzo de 2017. Los nueve bolivianos son detenidos en el penal Alto Hospicio, en la localidad chilena de Pozo Almonte.
20 de junio. Los funcionarios bolivianos son liberados después de que el Gobierno pagara una multa equivalente a $us 48.000, incluida en la sentencia judicial emitida tras un juicio abreviado.
AUTORIDADES CALLAN
Frente al reclamo que hicieron los abogados Roberto Celedón y Matías Coll, ninguna autoridad se pronunció al respecto. Este medio consultó a la Cancillería, al Ministerio de Justicia y a la Aduana Nacional sobre este caso, sin embargo, no obtuvo ninguna respuesta.
Existen dos decretos supremos aprobados por el Gabinete de ministros que establecen la transferencia de recursos a la Aduana para cancelar los gastos por la defensa legal de los nueve bolivianos y la multa, sin embargo, no se confirmó el desembolso.
