Comisión internacional de la verdad

Con el propósito de investigar la verdad histórica de los hechos, aclarar dudas y establecer responsabilidades del atentado criminal contra la Madre Tierra en la Chiquitanía, debe crearse una comisión internacional de la verdad conformada por expertos de la Organización de las Naciones Unidas. Estos incendios forestales, según evaluaciones preliminares, han devastado más de un millón de hectáreas con toda la flora y fauna, lo que viene a constituir un verdadero ecocidio nacional e internacional y el delito de traición a la patria (art. 124.I.2 CPE).

La organización internacional tiene que intervenir ya que este crimen vulnera su Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra que busca, precisamente, promover mediante la enseñanza, la educación y la concientización, el respeto a estos derechos, y asegurar a través de medidas y mecanismos prontos y progresivos de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universal y efectivos, entre todos los pueblos y los Estados del mundo.

Que los incendios forestales, flora y fauna, hayan crecido exponencialmente constituye un hecho criminal sin precedentes, con la agravante que se han expandido no solo a gran parte del territorio nacional sino también internacional. La destrucción masiva y perversa del medio ambiente tendrá consecuencias funestas para las actuales y nuevas generaciones pues, aunque Bolivia es considerada internacionalmente como país altiplánico, tiene más de la mitad de su territorio de bosques tropicales e integra hidrográficamente la vertiente del Pacífico y tres cuencas: la cuenca cerrada del Altiplano, la cuenca del Plata y, la más importante, la cuenca del Amazonas.  

La Madre Tierra constituye el sistema viviente dinámico conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y complementarios, que comparten un destino común, según la Ley N° 71 de 21 de diciembre de 2010. Y adopta el carácter de sujeto colectivo de interés público y todos sus componentes, incluyendo las comunidades humanas, son titulares de todos los derechos inherentes reconocidos en la Ley. La aplicación de los derechos de la Madre Tierra tomará en cuenta las especificidades y particularidades de sus diversos componentes. 

La comisión internacional de la verdad, en efecto, debe estar conformada por expertos ambientalistas, trasladarse a los diferentes lugares y constatar, in situ, la gravedad de la situación, cuantificar los daños causados y diseñar políticas para contrarrestar los daños salvajes de los incendios y las diferentes secuelas que dejará el fuego a su paso.

La comisión deberá investigar, recibir información, procesarla, depurarla y entregarla a las Naciones Unidas para que se conozca la verdad (verdadera) y establecer responsabilidades personales e institucionales, y sancionar a los culpables. De la misma forma, sólo la verdad podrá rehabilitar la dignidad de las comunidades indígenas y poblaciones campesinas directamente afectadas, y facilitar la posibilidad de reparar, en alguna medida, el daño causado.  

La Madre Tierra tiene derecho a vivir, a su regeneración, a continuar con sus ciclos y procesos vitales libres de alteraciones humanas, a mantener su identidad e integridad, a ser auto-regulada, e interrelacionada, al agua como fuente de vida, a la salud integral, libre de contaminación, polución y desechos tóxicos, a no ser alterada genéticamente y modificada, y a su restauración plena y urgente. 

Aunque el derecho a la verdad no tenga un reconocimiento expreso en la Constitución boliviana, está plenamente protegido y deriva de la obligación internacional que tiene el Estado boliviano de proteger a la Madre Tierra. En el derecho comparado, por ejemplo, este derecho tiene una configuración autónoma, una textura propia, que la distingue de los otros derechos fundamentales a los cuales se encuentra vinculado, debido tanto al objeto protegido, como al telos (un fin o propósito, en un sentido bastante restringido) que con su reconocimiento se persigue alcanzar. También forma parte de los principios constitucionales de la dignidad humana, del Estado constitucional de Derecho y de la forma republicana de gobierno.

El pueblo boliviano y la comunidad internacional necesitan conocer las causas de esta catástrofe, y quiénes son los verdaderos autores y responsables de todo lo que el fuego se llevó, y debe hacerse esta investigación antes de que el primer aguacero borre el “cuerpo del delito”, y la campaña electoral intente consolidar la impunidad.

El autor es jurista y autor de varios libros