Gobierno analiza enviar al TCP la Ley de Garantías Constitucionales
El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, informó hoy que el Gobierno analiza enviar al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) la Ley de Garantías Constitucionales antes de que sea analizada por la Cámara de Senadores.
"Estamos viendo la posibilidad de hacer una consulta previa de constitucionalidad al TCP. Consideramos que este proyecto de Ley no es necesario, no corresponde dar garantías cuando ya lo establece la Constitución y las leyes de nuestro país", aseveró Núñez.
la ley tiene por objeto "garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales, civiles, políticos y de libre expresión" para los líderes sociales, dirigentes sindicales, pueblos indígenas originario campesinos, interculturales, afrobolivianos, personas movilizadas, actores políticos, ciudadanos en general, autoridades electas, funcionarios designados y de libre nombramiento y prohibir detenciones, aprehensiones y persecuciones por la crisis en Bolivia después de las elecciones.
La norma solo refiere que reafirma la "Ley para el Juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente, de altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público” y no nombra a las exautoridades presidenciales, Evo Morales y Álvaro García Linera como lo hacía el primer proyecto. Pide a los órganos del Estado y fuerzas del orden garantizar que los asambleístas bolivianos y autoridades electas no sean "objeto de persecución".
En cuanto a los líderes sociales, dirigentes sindicales y personas movilizadas exige garantías para el "pleno ejercicio de los derechos y libertades", y protección para ellos y sus familias a sola denuncia de sentirse amenazados.
La ley exige la "entrega inmediata" de salvoconductos a exautoridades, dirigentes y personas particulares que tengan asilo, además de "viabilizar su inmediata salida".
Plantea, además, la indemnización para los familiares de las personas fallecidas, la disposición de servicios gratuitos para las personas heridas y la libertad de las personas detenidas que participaban "pacíficamente" en las movilizaciones después del 21 de octubre.
La ley también se refiere a la libertad de expresión para la difusión de pensamientos y opiniones en cualquier medio de comunicación, "de forma oral, escrita, visual, individual o colectiva" y la libertad de prensa.
