Pugna por la terminal destapa intento de urbanizar Albarrancho
La pugna por construir una terminal de buses privada en Albarrancho, al sur de la ciudad en el Distrito 9, destapó un intento de urbanizar ese sector que aún es considerado zona agrícola y cuya principal actividad es la lechería.
Ayer, por sexto día los vecinos de la zona de Albarrancho marcharon en el centro de la ciudad para exigir que el Concejo Municipal vuelva a poner en vigencia la Ley 163/2016 de reasignación de uso de suelo de “área de uso agropecuaria a equipamiento y usos especiales”, que viabilizaba la construcción de una terminal al lado de la planta de tratamiento de Semapa.
Además, pidieron una ley para la ampliación de la mancha urbana, la cual podría afectar al 46 por ciento de las tierras agrícolas, según la dirigente de la Subcentral de Albarrancho, Julia Orellana.
A través de las redes sociales se constató que en Albarrancho se ofrecen a la venta tierras agrícolas con mensajes como: “A cinco minutos de donde se hará la nueva terminal de buses”. La oferta de un lote de 300 metros cuadrados está de los 10.000 a 13.000 dólares.
Además, se muestran imágenes de construcciones ilegales sobre la serranía de Quenamari, donde existe la pugna por 315 hectáreas que en 2013 fueron declaradas tierras fiscales. El conflicto es entre la familia Olmedo y tres sindicatos agrarios del trópico contra los pobladores de la zona de Albarrancho.
Estación
El alcalde José María Leyes defiende el proyecto privado argumentando que esta obra llevará desarrollo y empleo para los vecinos de la zona y que además es parte de una planificación estratégica que hizo el municipio desde 2016.
“Se trabajó para implementar una terminal justo en esta área, que es la zona sur de nuestro municipio y que está sobre la avenida Albarrancho, que conecta con el valle bajo. La construcción de una terminal va a generar 20.000 mil nuevos empleos”, afirmó Leyes.
Mientras tanto, desde el Concejo señalan que “ninguno de los concejales se opone a la construcción de la terminal”, pero ven necesario que este proyecto sea con inversión pública para beneficiar al municipio y al departamento.
“Hay compromisos que se deben respetar. La familia Veizaga se ha comprometido donar 6,8 hectáreas en favor del municipio y se debe cumplir, ahí se puede invertir para construir una terminal pública”, dijo el vicepresidente del Concejo, Joel Flores.
Además, señaló que está la la posibilidad de entregar los terrenos en comodato para que la inversión sea privada, pero en unos años puede retornar al municipio para su administración definitiva.
Diálogo se suspendió por ausencia de Leyes
El diálogo entre dirigentes del Distrito 9, vecinos de Albarrancho y los concejales del Cercado se suspendió ayer por la ausencia del alcalde José María Leyes y porque la Alcaldía no prestó el teatro Achá para la reunión.
La convocatoria fue trasladada para el próximo miércoles y en un ambiente adecuado, explicó el presidente del Concejo, Édgar Gainza.
La reunión era informativa para indicar a los dirigentes de la zona sur las razones por las cuales se abrogó la Ley 163/2016 de reasignación de uso de suelo de “área de uso agropecuaria a equipamiento y usos especiales”, que viabilizaba la construcción de una terminal al lado de la planta de tratamiento de aguas residuales de Semapa.
Los pobladores, que se están movilizando desde hace una semana exigiendo la construcción de una terminal privada, aceptaron participar de la reunión del siguiente miércoles y esperan que el Ejecutivo se haga presente al encuentro.
La asambleísta Lizet Beramendi señaló que se tiene un proyecto de ley que declara de prioridad departamental la construcción de una terminal que será tratado esta semana en el pleno.
Asimismo, indicó que propondrá ante la Asamblea que se inicien acciones legales por incumplimiento de deberes y daño económico en contra del exgobernador Iván Canelas, porque no promovió la construcción de la estación terrestre, pese a los compromisos existentes.
