Malos negocios

Sergio Almaraz Paz (1928-1968), uno de los escritores más vigorosos en el pensamiento crítico y reflexivo nacional, había acuñado la máxima: “Bolivia es un país que hace malos negocios desde hace 100 años”, nos lo recuerda quien fuera compañero suyo en las lides del periodismo y amigo en la lucha por el destino nacional, Andrés Soliz Rada.

En los días recientes ha salido a la luz pública algunos detalles de la adenda al contrato de compra-venta de gas natural suscrito al año 1996 entre YPFB y Petrobras. Se trata de la octava adenda o enmienda a dicho contrato que constituye un importante factor de ingresos económicos para el Estado boliviano, de lejos el mayor por concepto de exportación. Hasta el 6 de marzo del corriente año de 2020, los costos de transporte de hidrocarburos estaban a cargo de Petrobras en su calidad de comprador.

El Estado boliviano, en virtud al artículo 5, I. del DS 28701 “Héroes del Chaco”, del 1 de mayo de 2006, conocido como Decreto de Nacionalización ‒en el cual están estampadas las firmas tanto del presidente Evo Morales como del entonces Ministro de Hidrocarburos Andrés Soliz Rada‒ tomaba el control y la dirección de los servicios conexos a la labor hidrocarburífera, entre ellos el de transporte. Era, este, un servicio por el cual pagaba el comprador, hasta el 6 de marzo del año en curso.

Sucede que, como producto de dicha negociación de hogaño, es ahora el Estado boliviano, a través de YPFB, el que correrá con los gastos de transporte hasta la frontera, hasta el año 2023. Esto reportará un gasto para la estatal petrolera y por ende para el erario nacional, de acuerdo al siguiente detalle:

Año 2020: 58 millones de dólares; año 2021: 80 millones de dólares; año 2022: 85 millones de dólares. Totalizando una erogación de 223 millones de dólares que deberá aportar Yacimientos. El detalle lo ha brindado el ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Víctor Hugo Zamora, en entrevista reciente en la cadena noticiosa Fides. El Ministro reconoció en dicha oportunidad que antes del fatídico 6 de marzo del año en curso, dicho pago “estaba a cargo del precio” o sea estaba a cargo del comprador.

Naturalmente que, con el recurso del sofisma, se ha intentado por parte del Ministro y de otros personeros del Gobierno de transición, aducir que el gobierno boliviano negociador aceptó o decidió correr con ese gasto, para evitar multas por incumplimiento de los volúmenes de entrega de gas natural a Petrobras. Según dichos sofismas, la negociación de marzo 2020 le habría ahorrado a Bolivia unos cuantos millones de dólares que, por algún designio supremo, debería haber pagado en este año.

Sobre este tema de las multas por incumplimiento del volumen de entrega de gas natural, Gonzalo Saavedra, vicepresidente de operaciones de YPFB durante el anterior gobierno del presidente Morales, decía en una conferencia de prensa de marzo de 2019: “esta garantía que ha dado YPFB por falla de suministros es traspasada en su totalidad a los productores”. Añadía que, en virtud de los contratos que los productores han suscrito libremente con YPFB, son dichos productores los encargados de entregar los volúmenes correspondientes a la estatal boliviana, para que ésta la exporte al Brasil.

En el caso del contrato de compra-venta de gas natural con Petrobras, el gas utilizado para este cometido sale del campo San Alberto, del cual Petrobras Bolivia es operador y socio estratégico con una participación del 35%, correspondiendo a YPFB, como titular, el 50% y a la subsidiaria francesa Total E & P Bolivia, el 15%, siendo Petrobras Bolivia la productora en este campo y, por ende, a cuyo cargo estaría la entrega y sus volúmenes para la exportación al Brasil.

El autor es periodista e investigador