Persecución política

Pocos creyeron que el presidente Luis Arce Catacora podría concretar lo que afirmó como candidato: que Bolivia, con su Gobierno, irá hacia el socialismo modelo cubano. Pero lo está intentando al encarcelar, por ahora, a quienes conformaron el Gobierno interino de la presidente Jeanine Áñez, ya detenida.

Aún no había terminado el cómputo de las recientes elecciones llamadas subnacionales, y la Fiscalía ordenó el viernes, 12 de marzo, la aprehensión de la exmandataria Jeanine Áñez y de otras nueve personas que fueron colaboradores del Gobierno transitorio y de miembros del Alto Mando Militar y de la Policía Boliviana.

Como un acto de “persecución” y “cacería” de exministros, así calificaron la expresidenta Jeanine Áñez y su exministro de la Presidencia, Yerko Núñez la ejecución de las órdenes de aprehensión emitidas en las últimas horas, dentro del denominado caso “golpe de Estado” (Erbol, 12.03.2021).

Pero esto no es nuevo en Bolivia, aunque desde la recuperación de la democracia no hubo persecuciones hasta el inicio de los 14 años del gobierno populista iniciado en 2006. Hay que recordar, como ejemplo de esta práctica violenta, las ejecuciones en el Hotel Las Américas de Santa Cruz, un inacabable juicio y la detención de ciudadanos cruceños señalados falsamente como autores de actos de terrorismo que no hubo.

Lo extraño es que el actual Fiscal General designado en la gestión de Evo, también ejerció funciones durante el gobierno de la expresidente Áñez y, como si no hubiera notado entonces posibles causas para juzgar a las autoridades, se presenta ahora como acusador tardío y sobre todo participante de una persecución política. Y tal es el encono, que los fiscales no reparan en que la expresidente goza de caso de corte.

“La persecución política ha comenzado. Los dirigentes del Movimiento al Socialismo, han decidido volver a la dictadura. Una pena, porque Bolivia no necesita dictadores, necesita libertad y soluciones”, afirmó Jeanine Áñez en su cuenta de Twitter. Claro que nada detiene a los cancerberos. Solo se muestran “humanitarios” –como lo afirma Human Rights Watch– cuando se “abre la puerta a la impunidad para delitos graves”, con una acción que “parece diseñada para favorecer a los partidarios del Movimiento al Socialismo (MAS)”.

Con el encarcelamiento de ex autoridades se vulneran derechos humanos y se quebranta la presunción de inocencia. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece: “1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”.

Los derechos humanos de los ahora detenidos han sido violados. Se ignora que al suscribir la Carta Democrática Interamericana, “Los Estados Miembros reafirman su intención de fortalecer el sistema interamericano de protección de los derechos humanos para la consolidación de la democracia en el Hemisferio”. Mientras tanto, vamos en dirección contraria: hacia la dictadura.

El autor es exembajador de Bolivia