La educación debe continuar

El domingo 20 de junio del presente año, el Ministerio de Educación, con el justificativo de la escalada de contagios del coronavirus y por el ingreso de un frente frío en gran parte del país, decidió la ampliación de las vacaciones escolares hasta el 25 de junio para todo el sistema, incluidos los colegios privados.

Actualmente (a más de un año de pandemia), existen muchos colegios que ya tienen implementadas las clases virtuales en el desarrollo de sus programas escolares (con la debida tolerancia, si existiera algún estudiante enfermo), sin poner en riesgo la salud de sus estudiantes ni de sus profesores, entonces ¿por qué el Ministerio de Educación se empecinó, para todos en general, en privar del derecho a la educación de niños y adolescentes bajo el argumento de cuidar la salud pública, y alargar las vacaciones a más de tres semanas?

Todos los niños tienen derecho a una educación. Ésta no consiste únicamente en aprender a leer y escribir, sino que constituye la base del desarrollo personal porque la educación será su mejor herramienta para construirse una vida digna.

El Principio 7 de la Declaración de los Derechos del Niño, establece que el niño tiene derecho a recibir educación. Y todos tenemos la responsabilidad de que este derecho fundamental se cumpla.

La educación es un derecho humano fundamental que ocupa el centro mismo de la misión de la Unesco y está indisolublemente ligado a la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y a muchos otros instrumentos internacionales en derechos humanos.

El derecho a la educación es uno de los principios rectores que respalda la Agenda Mundial Educación 2030, así como el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), adoptado por la comunidad internacional. El ODS 4 está basado en los derechos humanos y tiene el propósito de garantizar el disfrute pleno del derecho a la educación como catalizador para lograr un desarrollo sostenible.

De allí que los Estados deben hacer su máximo esfuerzo para velar por el acceso universal y sin discriminación a la educación de los niños, niñas, adolescentes y adultos que estudian, tal como lo establecen los instrumentos internacionales y la propia Constitución boliviana en su artículo 82-I.

En ese contexto (posibilidad de clases virtuales en algunos colegios), no es admisible, imponer la absurda idea de privar del derecho a la educación a dicho sector que puede hacerlo, para igualar el detrimento (por la ineficiencia estatal) e imponer la privación de dicho derecho para todos en general; como tampoco, es admisible, que se respeten unos derechos, mientras se vulneran otros: no cabe hacer distinciones entre las fuentes de ofensa a la dignidad humana, que es el bien esencial que forma el objeto de los derechos humanos.

Imponer multas por cumplir el derecho a la educación, sería un total despropósito. Recordemos que el año pasado, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) afirmaron que “la educación debe continuar durante la emergencia sanitaria”; y, hoy en día, al encontrarnos a un año y tres meses de pandemia, reiteramos, existen ya muchos colegios que cuentan con las posibilidades de impartir clases virtuales, sin los enormes inconvenientes del año pasado, en cuanto a recursos técnicos y humanos capacitados en las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC).

Si bien es probable que todos los colegios privados, para evitarse multas, no se atrevieron a pasar clases virtuales en esta semana; sin embargo, es bueno saber que, ante la privación de dicho derecho en esos escenarios o de seguir extendiéndose más el plazo de las vacaciones, aquellos quienes pueden acceder a la educación mediante clases virtuales acorde a su realidad y elección (art. 88-II de la Constitución), podrían interponer una acción de protección en contra del Estado, con el fin de satisfacer ese derecho.

Si, aun así, no se respeta ni se garantiza dicho derecho, se podría parafrasear aquellas palabras de Gloria Álvarez: "los gobiernos te quieren ignorante y no tienen ninguna intención de dar al pueblo, educación de calidad".

El autor es asesor legal empresarial y abogado de litigios