Rodríguez Veltzé: “Es la oportunidad de Arce de empezar un proceso que no quede en cumbres de 6 ejes”
El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé ha lanzado un desafío al presidente Luis Arce esta semana: que convoque a acuerdo nacional para reformar estructuralmente la justicia, en vez de conformar otra comisión para tratar el tema de los feminicidios. Pero, además, ha sido explícito en pedirle que la oposición sea tomada en cuenta para encarar, en conjunto, este desafío. Hasta ahora, el silencio es la única respuesta para el expresidente, quien es un jurisconsulto reconocido a nivel internacional, fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, embajador ante los Países Bajos y agente de Bolivia ante la Corte de La Haya durante el gobierno de Evo Morales.
Rodríguez es actualmente uno de los ocho juristas de diferentes países del mundo que integra un comité de nominales de jueces de la Corte Penal Internacional. De hecho, acaba de ser reelegido por un nuevo período de tres años para ese cargo. También es integrante de un comité de la sociedad civil peruana que supervisa la forma de elección del Tribunal Constitucional. En lo académico, trabaja en mentorías de tesis y está escribiendo un libro en el que irá reflejando los casos en los que le ha tocado intervenir en su vida pública.
En esta entrevista con Página Siete, a partir de un hecho concreto como es el de un asesino y violador serial que fue liberado por un juez, da pautas de cómo avanzar hacia una reforma estructural de la justicia.
¿Cuál es su evaluación de la justicia luego del caso del asesino y violador serial?
Es un episodio más que no me sorprende, porque en tiempos relativamente recientes nos habíamos ido acostumbrando a los problemas en el sistema judicial y en el Ministerio Público, desde los casos más desconocidos en las provincias, hasta aquellos que se suscitaron en cortes departamentales, en el Tribunal Supremo, el propio Tribunal Constitucional, de manera que este último episodio no es ajeno a un sostenido deterioro del sistema.
¿No le parece que este caso, que toca a los ciudadanos, llevó a la justicia a tocar fondo?
Las características de este último episodio tocan la fibra más sensible de la ciudadanía y exponen una realidad que se ha venido intentando poner de relieve en el último tiempo, que no tenemos un servicio de justicia confiable, que no es imparcial y lamentablemente se ha rendido ante la corrupción más baja.
¿Cuál cree que sea la causa?
Puede obedecer a factores de corrupción muy específicos o también a otras causas estructurales de larga data, como la falta de presupuesto del sistema judicial, la falta de incentivos para consolidar un sistema de carrera independiente. Hoy cerca del 70 al 80% de los jueces son funcionarios temporarios, que no están consolidados en una carrera. El presupuesto judicial se ha reducido a lo largo de los años y hay problemas notables de independencia.
El tema de la falta de independencia ¿a quién es atribuible? Muchos dicen que es central, pero en las propuestas de reforma el gobierno no toca ese tema.
Yo parto de la idea de que si hay un servicio público que debe ser esencialmente imparcial y accesible es el de la justicia, y esta característica no ha estado presente por mucho tiempo. Posiblemente hay jueces probos y decisiones que han satisfecho a los litigantes, pero de un tiempo a esta parte ha sido muy explícito que varias de las decisiones o de algunos tribunales o jueces se han inclinado para favorecer intereses, ya sea personales o político partidarios, esa falta de imparcialidad o de corrupción en algunos casos ha llevado a tener esta percepción de que algo no está funcionando bien en el sistema. Estamos en un tiempo oportuno para evaluar qué está pasando con el sistema y dar pasos a una transformación estructural.
¿Qué opina sobre la conformación de una comisión para tratar el tema de la liberación de feminicidas y asesinos?
Antes de conformar comisiones coyunturales como es ésta, es indispensable que quienes ejercen el poder, en este caso el Presidente, que convoque al resto de los órganos de poder público, al Legislativo, al Judicial y al Electoral, con una explícita participación plural, esto implica la incorporación de la oposición y de los sectores de la sociedad civil interesados en participar, para que se pueda lograr un buen consenso para reformar estructuralmente la justicia, porque esta es una deuda que tiene el Estado con los ciudadanos. Ya el año pasado, el Legislativo conformó una comisión precisamente para el mismo objeto; francamente no sé qué exactamente hará, porque en términos constitucionales hay limitaciones para que un poder asuma las atribuciones de otro, con atribuciones que no son delegables entre sí. Creo que más importante que una comisión es un acuerdo político.
¿Usted cree que hay algún grado de voluntad para ir a ese acuerdo político, tomando en cuenta que en los últimos años no hemos visto ninguna convocatoria a la oposición? El poder se ejerce de manera unilateral y vertical.
No soy parte del Ejecutivo ni de ningún otro órgano de poder, pero no pierdo la esperanza, el optimismo, que hoy y a partir de estos hechos que han levantado esta preocupación ciudadana, estos funcionarios públicos y políticos tengan la madurez, la altura de asumir de que el sistema judicial debe ser imparcial, independiente y accesible, que son virtudes que no hacen a un partido de oposición o de oficialismo, es una virtud que señala la Constitución de un servicio imprescindiblemente imparcial. Si se piensa que la conducción de grandes políticas es solo de los ganadores, sin intervención de los perdedores u opositores, a mi juicio es un error, más bien yo creo que un proceso de concertación gradual o la modalidad que se quiera será una ganancia para todos. Ganarán el Presidente, el Poder Ejecutivo y las mayorías o minorías del Legislativo, mostrando a la ciudadanía que están interesados en trabajar por algo que es independiente de la política. Este es un país fundado en el pluralismo político y ese pluralismo debe expresarse en esa capacidad de concertación.





















