Presentan proyecto para que Perú se retire de la Corte IDH y pueda aplicar la pena de muerte
Congresistas del partido peruano Acción Popular presentaron un proyecto ley que propone declarar de interés nacional el procedimiento para que la nación andina abandone la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
En un documento, consignado el lunes, el legislador Wilson Soto Palacios y otros integrantes del grupo parlamentario de Acción Popular piden priorizar la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Perú forma parte desde 1978.
En su exposición de motivos, aseguran que "Perú atraviesa una situación difícil y grave de inseguridad ciudadana que se ha desbordado", para lo cual abogan por "la imposición de la pena de muerte para los delincuentes que afecten los bienes jurídicos que son considerados los más importantes para la nación".
Sin embargo, como el país latinoamericano suscribió la aceptación del sometimiento a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la competencia contenciosa de la Corte IDH, no puede hacerlo.
"Nuestra permanencia bajo los alcances de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisdicción de la Corte Interamericana no nos permite legislar para tipificar la pena de muerte en el país, como una medida disuasiva ante la comisión de delitos que evidentemente causan terror y zozobra a la población, como la extorción, el sicariato, asesinato, violación de menores, etc.", dijeron.
En múltiples ocasiones se ha mencionado la opción de pena de muerte en Perú, especialmente después de que se produce un caso mediático.
De hecho, a principios de mes, Soto Palacios abogó por aplicar esta medida luego de un suceso de violación a menor de edad.
"Si yo fuera presidente del Perú me retiraría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta convención protege a los violadores y delincuentes (.) hay un gran clamor de la población que exige justicia", aseveró en el programa '24 Horas', del canal local Panamericana.
Así como ha surgido la discusión en veces anteriores, también organismos de derechos humanos han criticado cada vez esta propuesta. Hace tres años, por ejemplo, el entonces defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho, mostró su desacuerdo.
Declaró que "el debate sobre la imposición de la pena de muerte para los casos de violación sexual de mujeres y menores de edad es inconducente y distrae de las acciones que debe realizar el Estado para combatir la violencia".
Además, apuntó que "el enfoque debe partir por adoptar medidas de prevención eficientes, como el fortalecimiento del sistema de protección a la niñez y adolescencia, así como servicios de educación y justicia con enfoque de igualdad de género necesarios para eliminar todo tipo de violencia".
