Sectores cuestionan decreto sobre DDRR; Gobierno rechaza versiones
Legisladores, gremiales y activistas anunciaron movilizaciones y denuncias ante organismos internacionales en rechazo al Decreto Supremo (DS) 5143 porque consideran que vulnera el derecho constitucional a la propiedad privada.
El cuestionado DS 5143 contempla la creación del Sistema Único de Derechos Reales con la finalidad de modernizar el registro.
Desde el Gobierno central admitieron que no se socializó los alcances del DS 5143, pero están dispuestos a hacerlo.
El viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, señaló que faltó la socialización. “No sé, habría que explicarlo, habría que ver, pero mientras tanto ya se ha desatado el infierno”, dijo.
Las protestas contra el decreto son porque se pone en riesgo la propiedad privada; sin embargo, Torrico sostuvo que se busca dar mayor seguridad jurídica a los propietarios.
El Viceministro explicó que, con la norma, se generará un sistema interconectado con otros registros, como del Servicio General de Identificación Personal (Segip), que podrá ser consultado por los notarios para evitar estafas en la compra y venta de propiedades.
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) del ala evista Santos Mamani denunció que el DS 5143 establece que la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) se haga cargo de la implementación del Sistema Único del Registro de Derechos Reales con la finalidad crear impuestos y expropiar terrenos. “Si no se hace cumplir una función social de los terrenos en las provincias y en el área rural, se expropiará”, explicó.
Cuestionó que el Ejecutivo pretenda controlar Derechos Reales a través de la Agetic, dependiente del Ministerio de Gobierno, y se concentrará toda la información sobre los bienes y sus propietarios, dejando de lado la protección del derecho propietario que hasta el momento es custodiada por el Órgano Judicial.
Sobre el tema, Torrico aclaró que la Agetic será la encargada de generar el sistema, pero la administración seguirá a cargo del Órgano Judicial.
La senadora de la alianza Creemos Centa Rek dijo que habrá marchas de protesta en varias regiones del país el 10 de mayo para que el Gobierno abrogue el decreto supremo.
Los gremiales de El Alto anunciaron una marcha por el centro paceño para protestar contra el decreto porque se pretendería incautar las propiedades y, entre otros sectores, la Federación de Trabajadores por Cuenta Propia se declaró en estado de emergencia.
Desde el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) alertaron que se pone en riesgo la seguridad jurídica de la propiedad privada y exigen su abrogación. Señalaron que en ningún momento se solicitó que el Ejecutivo controle esta repartición del Órgano Judicial.
El propósito del DS No 5143
• Estandarización de los servicios y procedimientos uniformes en todo el territorio del Estado.
• Empleo de herramientas de gobierno electrónico a través del sistema único de DDRR, para facilitar los trámites a la población.
• Transparencia en el ingreso de recursos económicos, mediante la bancarización en los pagos.
El Gobierno denuncia ola de desinformación
El Gobierno rechazó las versiones sobre los objetivos del Decreto Supremo 5143, del Registro de Derechos Reales, y denunció una campaña de desinformación de la oposición y la “nueva derecha”, en alusión al ala “evista” del MAS.
La “mala información” que se viene generando contra la norma tiene objetivos políticos, aseguró el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima.
Lima dijo que el artículo 4 de la norma señala que el registro de Derechos Reales “queda a cargo del Consejo de la Magistratura” y no así de algún ministerio, como denuncian políticos de oposición.
También negó que el presidente Luis Arce designe a algún magistrado para hacerse cargo de Derechos Reales y que esa facultad queda a cargo del Consejo de Magistratura, según el artículo 6.
“Lo que hemos hecho nosotros con el decreto supremo es establecer reglas claras que nos permitan a los bolivianos tener un nuevo sistema que nos permita a los bolivianos tener el derecho propietario consolidado y asegurado”, remarcó.
