Políticos coinciden en el cuidado de los bosques, la biodiversidad y el agua
La deforestación galopante, los incendios forestales, la pérdida de biodiversidad, el estrés hídrico y los efectos cada vez más extremos del cambio climático colocan a Bolivia en un situación de vulnerabilidad. Frente a este escenario, las alianzas y partidos políticos incluyen, en mayor o menor medida, propuestas para enfrentar esta crisis.
En términos generales, todos los programas analizados parten de una constatación común: Bolivia sufre serias consecuencias ambientales, desde sequías y granizadas hasta incendios devastadores en la Amazonía y la Chiquitanía. También se coincide en que los sectores más pobres son los más golpeados por estos fenómenos y que es necesario fortalecer las capacidades del Estado para prevenir y enfrentar desastres climáticos
Uno de los puntos de mayor coincidencia es la necesidad de detener la deforestación y restaurar ecosistemas degradados. Se proponen planes de reforestación masiva, recuperación ecológica de áreas quemadas y sistemas de monitoreo ambiental. Algunas propuestas plantean incluso metas ambiciosas como “Deforestación Cero al 2030”, integrando tecnologías satelitales, inteligencia artificial y participación comunitaria.
También se menciona la importancia de conservar la conectividad ecológica entre áreas protegidas, así como de proteger las fuentes de agua y los suelos.
Varios programas destacan la educación ambiental como eje transversal, planteando su incorporación obligatoria en escuelas y universidades. La participación de las comunidades —especialmente indígenas y rurales— es también una constante en muchas propuestas, tanto en la gestión de áreas protegidas como en procesos de reforestación y vigilancia ambiental.
Algunas fuerzas políticas sugieren incluso impulsar un nuevo tipo de ciudadanía ecológica, que implique responsabilidad individual, hábitos de consumo más sostenibles y mayor fiscalización social.
Aunque no todos lo hacen, algunos partidos introducen propuestas innovadoras: plataformas digitales de transparencia ambiental, trazabilidad de tierras con blockchain, certificaciones verdes, incentivos económicos y mercados de carbono. Estas ideas buscan conectar la protección ambiental con oportunidades de inversión, empleo verde y desarrollo tecnológico.
En el mismo sentido, se plantea el fortalecimiento de instituciones como el Sernap, la creación de centros de biotecnología para desarrollar semillas nativas resistentes al cambio climático y un sistema nacional de monitoreo ambiental moderno.
Si bien se reconoce la gravedad del cambio climático, no todos los programas presentan estrategias claras de adaptación y mitigación. Algunas fuerzas proponen implementar políticas de resiliencia climática, planes de restauración ecológica, infraestructura hídrica adaptada por región y mecanismos financieros para afrontar desastres. Sin embargo, otras propuestas se quedan en un plano general o discursivo, sin especificar medidas concretas ni plazos.
Uno de los temas menos abordados, o tratado con ambigüedad, es el de la expansión agrícola y el modelo extractivo. Aunque se promueve un uso “sostenible” de los recursos, pocos planes cuestionan de forma explícita las leyes o políticas que han incentivado la deforestación, como la ampliación de la frontera agrícola o los incendios causados por chaqueos.
Tampoco hay un consenso sobre la necesidad de una transición energética más acelerada ni sobre cómo reducir la dependencia de industrias contaminantes o del monocultivo.
Algunos programas destacan la defensa del derecho de las futuras generaciones a heredar un entorno saludable, así como los derechos de la Madre Tierra como principios rectores. También se incluyen propuestas para proteger la agrobiodiversidad, controlar organismos genéticamente modificados (OGMs) y fortalecer la legislación de protección animal. Hay coincidencias valiosas como la restauración de ecosistemas, el uso de tecnologías y la necesidad de participación comunitaria.
