Hybris, complot y poder

La conducta política constituye una dimensión central de la vida social porque se desarrolla allí donde el poder se ejerce, se disputa o se desafía. Siguiendo a Martín-Baró, el comportamiento político es todo aquel que se produce dentro del Estado y cuyos protagonistas son las instancias estatales o sus representantes.

En este marco, la política no puede comprenderse al margen del poder, ya que toda relación interpersonal o intergrupal incorpora algún grado de asimetría que la vuelve inevitablemente política. Esta premisa resulta clave para interpretar los conflictos que emergen cuando el ejercicio del poder pierde mesura.

En la Bolivia actual, esta problemática se expresa con claridad en la relación entre el presidente, Rodrigo Paz Pereira, y su vicepresidente, Edmand Lara. Desde el día posterior a la investidura presidencial, el 8 de noviembre del año pasado, la relación entre ambos ha estado marcada por la confrontación pública.

Declaraciones difundidas por la prensa nacional muestran a un vicepresidente que no se asume como parte orgánica del Ejecutivo, sino como su principal fiscal y antagonista. Al proclamarse “garantía” frente a un eventual incumplimiento presidencial y atribuirse un poder superior al del propio primer mandatario, Lara proyecta una imagen de supremacía política que desborda los márgenes institucionales.

Este comportamiento puede analizarse a la luz de la hybris de poder, concepto desarrollado por David Owen para describir el síndrome que afecta a quienes, al acceder a posiciones de autoridad, desarrollan un ego desproporcionado, rasgos narcisistas y una visión mesiánica de sí mismos.

La hybris no aparece de forma repentina, sino que se construye progresivamente a partir del éxito, la adulación y la sensación de invulnerabilidad. Sus manifestaciones incluyen arrogancia, impulsividad y la convicción de estar por encima de normas, pares e instituciones, lo que genera una peligrosa desconexión entre poder y responsabilidad.

Para ilustrar mejor, los hechos recogidos por diversos medios refuerzan esta interpretación. El vicepresidente ha utilizado de manera sistemática espacios públicos y plataformas digitales para desacreditar al presidente, atribuirse los votos de la victoria electoral y calificar las decisiones gubernamentales como contrarias al pueblo.

Su oposición frontal al Decreto Supremo 5503, que declara la emergencia económica y elimina la subvención a los combustibles, no se limitó al plano discursivo, sino que alentó movilizaciones sociales. Estas acciones, lejos de fortalecer la deliberación democrática, erosionan la autoridad del Ejecutivo y profundizan la inestabilidad política.

En este punto, el conflicto se aproxima al terreno del complot. A diferencia de la crítica legítima, el complot implica una acción orientada a perjudicar al otro mediante la intriga, la deslegitimación y la búsqueda de beneficios personales.

No se trata aún de una conjura en sentido pleno, entendida como una acción colectiva organizada para derrocar al gobernante, pero sí de una conducta que debilita deliberadamente al poder constituido desde su interior.

La traición política, evocada en antiguos adagios como “abrir las puertas de la ciudad al enemigo”, adquiere aquí un sentido simbólico: socavar al Gobierno desde dentro para capitalizar prestigio y visibilidad.

La gravedad del conflicto se intensifica si se considera el juramento institucional que vincula al presidente y al vicepresidente. Al asumir el cargo, ambos se comprometieron a actuar con lealtad en favor del orden constitucional y las leyes fundamentales. Cuando una de las partes renuncia a esa responsabilidad y adopta una lógica de confrontación permanente, se rompe el pacto político que sostiene la gobernabilidad.

Maquiavelo, a propósito, ofrece una clave interpretativa vigente para este escenario. Advierte que las conjuras prosperan cuando el gobernante pierde el favor del pueblo y cuando los conflictos internos debilitan la cohesión del poder. Un gobernante sabio, señala, debe evitar desesperar a los grandes y procurar tener al pueblo satisfecho, porque de ese equilibrio depende su seguridad.

En Bolivia, el enfrentamiento abierto en la cúspide del Estado, facilita la multiplicación de conflictos sociales en un contexto ya marcado por la fragilidad económica y la desconfianza ciudadana.

En suma, el conflicto entre el presidente y su vicepresidente no puede leerse como un simple desencuentro personal. Es la expresión de una conducta política atravesada por la hybris de poder y por prácticas cercanas al complot, que ponen en riesgo la estabilidad institucional.

Cuando el poder pierde autocontrol y se impone la ambición personal sobre la responsabilidad democrática, el Estado entero paga el costo. La historia política demuestra que los gobiernos no suelen caer solo por la presión externa, sino por las fisuras internas que ellos mismos permiten crecer.

El autor es docente investigador de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UMSS