Una guerra que nos alcanzará irremediablemente

El autor es industrial y expresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

Durante más de un siglo, los conflictos en Medio Oriente han tenido consecuencias que trascienden con creces los límites de ese remoto territorio. Esto se debe a que allí se concentra una parte importante de la producción del petróleo y el gas que hacen funcionar la industria y el transporte mundial.

Por eso mismo, la guerra Irán-EEUU-Israel, que ya involucra directa o indirectamente a varios países y ha activado las alertas en cuatro continentes, no solo incide en los precios de la energía y en las cadenas de suministro globales, sino que también repercute en variables macroeconómicas clave.

Para Bolivia, el conflicto no pudo haber llegado en un peor momento. Cuando se restablecía la confianza en la economía y entreveíamos una salida a la crisis, la lejana contienda nos amenaza con daños que podrían intensificarse si se agrava o se prolonga en el tiempo.

El primer impacto es el precio internacional del petróleo, que escaló aceleradamente en una semana y ya supera los cien dólares por barril.

Considerando que nuestra economía depende en gran medida de la importación de diésel y gasolina, y que la producción interna ha caído en los últimos años, el incremento del precio de estos productos eleva el costo de las importaciones y presiona el gasto público, aumentando el riesgo de un mayor déficit fiscal.

Esto podría complejizarse aún más debido a que el temor por la disminución del flujo de barcos cisterna en los océanos aumentará la demanda de los compradores, exigirá pagos al contado y nos pondrá en riesgo de adquirir gasolina o diésel insuficiente o de mala calidad.

En segundo lugar, puede generar tensiones sobre las reservas internacionales por el mayor costo de las importaciones, pero también, contribuir indirectamente a presiones inflacionarias y a la aparición de conflictos sociales, si el aumento del precio se traslada a la ciudadanía.

Una disrupción prolongada en las rutas marítimas afectaría irremediablemente a sectores productivos que dependen del transporte, como la agroindustria, la minería o el comercio, los que enfrentarían aumentos significativos en sus costos operativos.

Otros efectos, no menos importantes, tienen que ver con la incertidumbre financiera global, la volatilidad en los mercados de divisas, la merma del flujo de créditos internacionales y el riesgo de parálisis del comercio marítimo en zonas críticas.

La situación es preocupante y puede tener consecuencias dramáticas en el corto plazo si no empezamos a asumir seriamente su gravedad. Posiblemente las soluciones estén en la oferta local, es decir la importación de mayores volúmenes de petróleo liviano del Brasil y Argentina, el aumento de la producción de nuestras tres refinerías y la importación de todo el diésel de esos mismos países, además de Estados Unidos.

Ante la evidencia de que la subvención se mantendrá hasta junio y que el diferencial de costos podría incrementarse en relación con los países vecinos, el riesgo de que aumente el contrabando es real.

Esta circunstancia, obliga al Gobierno a implementar un mecanismo más eficiente para enfrentarlo a través de un mayor control en las fronteras y de la imposición de sanciones drásticas contra este delito. Internamente, el aumento del precio de los carburantes parecería inevitable.

Más allá de sus resultados, esta crisis debiera impulsar a nuestro país a considerar la política energética como la mayor prioridad nacional y a aplicar medidas más radicales y expeditas para fortalecerla.

Bolivia necesita profundizar programas para reducir la dependencia de los carburantes importados, a través de la expansión del uso de biodiésel y la aplicación de incentivos a la producción agrícola destinada a biocombustibles.

También será necesario reimpulsar la exploración gasífera y petrolera atrayendo inversión en exploración, reactivando campos maduros y ampliando el volumen de reservas.

Las consecuencias y la incertidumbre que genera la guerra en Medio Oriente, puede ser la señal de alarma que Bolivia necesitaba para emprender reformas estructurales y emprender la transición energética, con la urgencia que la situación demanda. El conflicto ya está dejando huellas en nuestra economía y si escala las dejará con mayor intensidad.

Nuestra vulnerabilidad ante este tipo de shocks no es accidental: es el resultado de décadas de dependencia de las materias primas, de una política cambiaria rígida, de un sistema de subvenciones distorsivo y de una inversión insuficiente en diversificación productiva.

El desafío actual es la anticipación estratégica, la coordinación institucional y la firmeza que se espera de los gobernantes. No se trata únicamente de resistir los efectos del conflicto, sino aprovechar el momento para impulsar una transformación productiva que fortalezca la sostenibilidad e independencia energéticas.

Si algo puede rescatarse, es precisamente la claridad que solo da la adversidad sobre lo que debió haberse hecho antes y lo que ya no puede seguir esperando.

El autor es industrial y expresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivi