La planificación después del Ministerio

Aunque era previsible, no dejó de sorprender el anuncio del presidente Rodrigo Paz de eliminar el Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) y traspasar su función sustantiva al Ministerio de la Presidencia.

Esa decisión acaba con una estructura institucional de 63 años que, con distintas denominaciones, impuso la planificación centralizada como parte fundamental de la gestión pública, y desde 2006 la transformó en un aparato de control político y dirección estratégica del modelo estatista.

El MAS no solo incorporó la planificación vertical como modelo de gobernanza, sino que la dotó de candados jurídicos muy difíciles de romper. Así, el Art. 298 de la Constitución Política establece que la planificación nacional es competencia privativa del nivel central del Estado, y el Art. 316 determina que la función del Estado en la economía consiste en “conducir el proceso de planificación económica y social”, a través de un sistema integral estatal que incorpora a todas las entidades territoriales.

Adicionalmente, la Ley 777 creó el Sistema de Planificación Integral del Estado, que somete a las entidades públicas de todos los niveles a un modelo centralizado que incluye “las dimensiones sociales, culturales, políticas, económicas, ecológicas y afectivas” (sic), y dispone que el Ministerio de Planificación dirija, conduzca y regule este proceso no solo en el nivel central sino en las entidades territoriales autónomas.

Más allá de la dificultad que implicará el cierre del MPD, la determinación presidencial coloca en cuestión el rol del Estado como planificador y el lugar que ocupará esta función en un nuevo modelo de desarrollo, desde la evidencia de que el cambio no puede motivarse solo por la necesidad de disminuir la burocracia sino por una transformación estructural que haga más eficiente la gestión estatal.

Por eso, la discusión de fondo no es si Bolivia debe planificar, sino cómo debe hacerlo. Y para ello, es necesario entender que la planificación pública cumple una función esencial en cualquier Estado que aspire a orientar el desarrollo, utilizar de manera eficiente sus recursos, establecer prioridades, coordinar políticas públicas, optimizar la inversión, evaluar resultados y permitir continuidad.

Por otro lado, resulta evidente que esta área tiene una dimensión técnica que permite establecer la factibilidad, el costo, los resultados previsibles y los riesgos; y una dimensión política que parte de una concepción del desarrollo, el modelo económico que se quiere promover, el rol del Estado y del mercado, y las prioridades sociales y distributivas.

El problema surge cuando una de ellas pretende sustituir a la otra y cuando la planificación deja de ser un instrumento técnico para convertirse en el programa de un proyecto partidario. Si las prioridades técnicas son desplazadas por intereses corporativos, la planificación pierde coherencia, mientras que, si ésta no incorpora las realidades sociales de los territorios, puede resultar técnicamente correcta pero políticamente inviable.

Otro aspecto a considerar es la orientación del proceso. La planificación centralizada tiende a ser un escollo frente a la diversidad territorial y genera resistencia política. En cambio, la fragmentación sectorial y regional, sin ancla nacional, puede perder coherencia macroeconómica.

Lo más aconsejable es un esquema de orientación estratégica en la política fiscal y económica, combinado con ejecución descentralizada y flexible en lo sectorial y territorial, con mecanismos de coordinación y de negociación política con actores subnacionales.

También se debe considerar el tiempo político. Un cambio de modelo rara vez rinde resultados visibles en el corto plazo. Por ello, Bolivia necesita distinguir entre planificación de emergencia, de transición y de desarrollo.

No es razonable intentar ejecutar un plan de 20 años ignorando la crisis inmediata, por lo que será necesario generar etapas de estabilización, transformación y crecimiento, permitiendo que la emergencia no destruya la visión estratégica, pero también que la visión estratégica no ignore la emergencia.

A esto se debe añadir que la planificación no sustituye a la negociación política. En contextos de alta conflictividad, ningún plan técnico, por bien diseñado que esté, puede imponerse sin un mínimo de acuerdo con los actores sociales afectados por las medidas.

La supresión del Ministerio de Planificación tendría que ser algo más que una medida administrativa: debería marcar el tránsito de un modelo vertical y centralizado hacia una verdadera planificación estratégica.

Bolivia necesita una visión nacional de largo plazo, pero no un Estado que pretenda decidir qué deben hacer todos los sectores y territorios.

En definitiva, planificar el Estado no significa planificar la economía: significa construir las condiciones para que el país pueda invertir, producir, innovar, exportar y crecer. El desafío no es dejar de planificar, sino aprender a planificar de otra manera.

El autor es industrial y expresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia