¿Aguantará Bolivia otro bloqueo?

Hay momentos cuando una sociedad se expresa con tanta claridad que resulta imposible no escucharla, y esto, precisamente, acaba de ocurrir en Bolivia. Luego de los 53 días de inmisericordes bloqueos sufridos entre mayo y junio del presente año, que causaron una pérdida económica por más de 3.000 millones de dólares, además de un grave deterioro de la imagen-país en el exterior, y de la dolorosa pérdida de más de 20 vidas por causa de los violentos bloqueadores, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) decidió preguntar a la gente qué pensaba de ello y la respuesta recibida fue definitiva: ¡Basta de bloqueos!

A instancia de su Directorio, el IBCE lanzó un sondeo digital de opinión con 10 preguntas cerradas, obteniendo 1.362 respuestas entre el 7 y el 10 de septiembre, las mismas que, por su contundencia, deberían llamar a una seria reflexión a quienes siguen creyendo y defendiendo que bloquear caminos y carreteras es una “protesta social” cuando en realidad, es un delito.

A continuación, vea lo que el sondeo del IBCE consultó y lo que la sociedad civil respondió. Le invito a que, según vaya leyendo, reflexione si Ud. también hubiera contestado de la misma forma:

Primera pregunta: ¿Está Ud. de acuerdo que se realicen bloqueos como medida de presión? No: 96%. Segunda: ¿Cree Ud. que debería primar el diálogo en vez de bloquear? Sí: 95%. Tercera: ¿El bloquear va en contra del derecho a la libre circulación y al trabajo? Sí: 97%. Cuarta: ¿Ha sido Ud. afectado, directa o indirectamente, por algún bloqueo? Sí: 96%. Si esto le pareció contundente, prepárese, porque hay más.

Quinta pregunta: ¿Considera que los bloqueos perjudican al desarrollo de Bolivia? Sí: 98%. Sexta: ¿Cree Ud. que los bloqueos dañan la imagen internacional del país? Sí: 98%. Séptima: ¿Diría Ud. que bloquear caminos es un delito, por el daño que provocan? Sí: 96%. Octava: ¿Estaría Ud. de acuerdo que se sancione a los bloqueadores? Sí: 96%. Novena: ¿Apoyaría Ud. que se dicte con urgencia una Ley Antibloqueos? Sí: 95%. Décima: ¿Cree Ud. que el Estado de Excepción debe ser prorrogado? Sí: 81%.

¿No es todo esto, acaso, una señal de cansancio ciudadano frente al cáncer en que se han convertido los bloqueos en el país? Porque de un tiempo a esta parte, gracias a la permisividad de las autoridades, los bloqueos, más allá de querer ser reivindicados como “protesta social”, han pasado a ser un método para conseguir objetivos políticos, defender intereses, presionar al Gobierno y ponerlo contra las cuerdas. Cambian las consignas, los dirigentes y las razones, pero “el mecanismo” continúa: unos cuantos violentos bloquean y millones de inocentes pagan la factura y cargan con los muertos, mientras los instigadores y financiadores lucran a costa del dolor colectivo.

Pero ¿quién financia los bloqueos? Mantener por semanas a miles de bloqueadores requiere alimentación, transporte y dinero. Por tanto, si hay personas, organizaciones sociales, ONG, fundaciones, sindicatos, grupos políticos o cualquier otra fuente de financiamiento de acciones destinadas a dañar al país, corresponde investigar y sancionar, porque bloquear es un delito.

La sociedad pide a gritos algo concreto: 95 de cada 100 personas demandan una Ley Antibloqueos y 81 de cada 100 piden la prórroga del Estado de Excepción. La primera, para terminar con la impunidad: quien bloquea debe pagar penalmente y, si causa un daño económico, deben responder civilmente no solo los autores materiales -aunque estos muchas veces sean obligados por dictaduras sindicales- sino también, los instigadores y financiadores.

En cuanto al Estado de Excepción vigente, que el 20 de junio detuvo un bloqueo que llevaba más de 50 días, ante la inminencia de su vencimiento, el pedido de prórroga debe entenderse como una medida extraordinaria a fin de preservar la paz social y garantizar los derechos ciudadanos, mientras el país recupera la normalidad y se resuelven las causas estructurales de la conflictividad. Esto, en el entendido de que fue por aquella medida que pararon los bloqueos y volvió la tranquilidad y una paz que no debe ser afectada, que el Estado debe garantizar, que la ley debe respaldar y que todos debemos defender.

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El autor es economista y magíster en Comercio Internacional