El Ejecutivo promueve el Decreto Supremo (DS) 5143 de registro de Derechos Reales y señala que busca transparencia y seguridad jurídica para la población, pero legisladores de oposición denuncian que el Gobierno busca el control de la propiedad privada, además de sostener que la normativa es inconstitucional porque se tendría que aprobar una ley específica.