La aplicación de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo establece un fuerte imperio de la ley, un sistema judicial competente, independiente y eficiente, aspectos que no se cumplen en el país y que se constituyen en un riesgo contra la ciudadanía, sostienen analistas.
El Gobierno usa el sistema judicial y todo el aparato estatal como instrumentos de persecución política contra los opositores, lo cual debilita la institucionalidad democrática en Bolivia, coincidieron dos juristas constitucionalistas.