Aduana revela que trajeron horno como usado para evadir impuestos
El gerente regional de la Aduana de Cochabamba, Javier Corrales, indicó ayer que se inició un “proceso de control diferido” a la empresa Ridepro, que se adjudicó la importación del segundo horno crematorio para el cementerio de Cochabamba por 970 mil bolivianos, para establecer el monto que se pretendía omitir declarando que el procesador de restos era usado.
“Se emitió una orden de control diferido amparada en facultades del artículo 100 del Código Tributario y la Ley General de Adunas a efecto de que vamos a determinar si la base imponible se ha movido al trasladarse de usada a nueva por un error como indica la agencia despachante”, precisó el gerente regional.
Corrales reiteró que la agencia despachante de aduanas W. L. Obando Ltda., contratada por Ridepro, solicitó el 25 de agosto mediante un formulario electrónico FCI 203013072 hacer el cambio de datos de “mercancía usada por nueva”.
Con informes técnicos en mano, el gerente regional mencionó ayer que el pasado 21 de julio la agencia despachante, a través del DIM 22025596, declaró que la mercancía era usada.
“La administración tributaria no puede hacer modificación de declaración aduanera; eso lo hace la agencia despachante. La Aduana no tuvo error ni participación ilegal o diferente a lo que disponen las normas”, remarcó.
El despachante en el formulario de modificación pide corregir “un error involuntario en el ítem 2” acogiéndose “al artículo 102 y desligando cualquier responsabilidad futura y sobreviviente respecto al valor declarado por el importador”, refiere el documento enviado a la Aduana.
La pasada semana, el asesor del alcalde Leyes, Álex Contreras, dijo que el documento, que señala que el procesador del horno crematorio es usado, es falso y anunció un proceso contra el diputado Rodrigo Valdivia por presunta difamación.
Ridepro habría cancelado sólo 62.433 bolivianos por concepto de tributos aduaneros de importación.
La Aduana remitió todos los informes del caso al Ministerio Público en respuesta a los requerimientos de que realizó el fiscal Jaime Arancibia el 24 de septiembre y notificó el 25 con orden de fiscalización ex-post a la importadora.
“Vamos a hacer una investigación documental y con otras metodologías para establecer si hubo omisión de pago o estamos frente a delitos tributarios”, afirmó Javier Corrales.
El diputado suplente Rodrigo Valdivia sostuvo que los documentos apuntan a que existen indicios de un sobreprecio que implican al alcalde José María Leyes y otros funcionarios.
La Fiscalía investiga a Leyes y a otros siete funcionarios porque era responsabilidad de la Alcaldía verificar que se entregue un horno nuevo con una póliza que señale esta característica y si advertía irregularidades no debió recibir.
El horno se adquirió por la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19.
MÁS DATOS
Valdivia dice que sólo “fiscaliza”
El diputado suplente Rodrigo Valdivia negó ser notificado con alguna denuncia por “difamación o calumnia” por el proceso que inició contra el alcalde José María Leyes por presuntas irregularidades en la adquisición del segundo horno crematorio y acotó que sólo cumple con fiscalizar.
“Se ha pedido la modificación de la declaración impositiva, nosotros hemos mostrado documentos reales. No puede ser que hayan comprado con 480 mil bolivianos y lo vendan en 970 mil, ése el tema de fondo”, afirmó.
Valdivia dijo que aguarda más avances en la investigación y remarcó que el Ministerio Público tiene seis meses.
