FAB dio anticipo sin esperar reparación de motor

Según el reporte de planillas de la Dirección General de Asuntos Administrativos (DGAA), la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) dio un anticipo de 400 mil dólares a la empresa SAE LLC para la reparación del motor del avión Boeing 737-700, actualmente retenido por una orden de la Corte del Condado de Miami, en Estados Unidos, donde una empresa privada disputa al Estado boliviano la propiedad del aparato.

Ese monto figura bajo el rótulo de “primer pago” de la FAB y fue ejecutado el 17 de noviembre de 2015, al día siguiente de haberse firmado el contrato con la empresa SAE, representado en Bolivia por Saúl Ruiz Sánchez, según documentos al que tuvo acceso la red Erbol.

Esa operación contradice la cláusula cuatro del contrato, donde se señala que el primer pago de 400.000 dólares “será cancelado” a la entrega del motor reparado, en los depósitos del servicio de Transportes Aéreos Bolivianos (TAB), en Miami.

Para el efecto, la FAB debió llevar el motor por su cuenta hasta Miami y entregar a la SAE, a fin de que en un plazo de 30 días calendario, desde la firma del contrato, entregue el motor reparado, algo que ya tiene una demora de dos meses.

Según el contrato, el segundo pago de 295.195 dólares deberá efectuarse a la instalación y prueba del motor por personal de la Fuerza Aérea Boliviana y el tercer pago de 195.000 dólares, a los 15 días de la instalación del motor, “no reconociendo un pago inicial por este servicio”.  

La reparación de motor tiene un costo total de 890.195 dólares que deben ser cubiertos por la Fuerza Aérea Boliviana, que tiene tuición sobre Transportes Aéreos Militares (TAM) que administra el avión Boeing B737-300, matrícula FAB-115.

Lo extraño del contrato es que no tiene una cláusula para encarar una contingencia como la retención del motor en Miami, lo cual proyecta un panorama de incertidumbre para que el Boeing B737-300 despegue en los próximos meses.

Erbol consultó a fuentes de la FAB para conocer una posición y sin embargo no obtuvo respuesta alguna. En la FAB se anunció que en las próximas horas emitirá un comunicado al respeto.

La empresa proveedora de los servicios de reparación dejó a salvo su responsabilidad al comunicar al actual comandante de la FAB, Celier Aparicio, que el motor en reparación no puede salir de los talleres de la empresa Gobal Engine Montenance (GEM), debido a que la compañía Jetran LLC planteó un recurso legal, aduciendo tener la propiedad del motor averiado.

El avión FAB-115, que era operado por TAM, no puede volar desde antes de noviembre de 2015. La aeronave fue adquirida bajo contrato de leasing financiero en marzo de 2013 con vigencia hasta marzo de este año.

El motor también fue adquirido bajo la misma modalidad y TAM, lo que supone una cuota mensual de 89.166 dólares que deben ser cubiertos por esa aerolínea.

PIDEN QUE TRANSPARENCIA INVESTIGUE EMBARGO DE MOTOR

El abogado de los militares sometidos a juicio por exigir la descolonización de las FFAA, Omar Durán, pidió ayer al Ministerio de Transparencia investigar de oficio a la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) por la compra del avión Boeing B737-300 del TAM, retenido el 16 de febrero en Miami por una orden judicial.

Informó que el avión salió de Bolivia en noviembre del año pasado y se quedó varado en Miami sin posibilidad de retornar al país, porque el propietario interpuso una acción legal reclamando sus derechos sobre la aeronave con bandera boliviana.

Durán explicó que la tenencia del Boeing B737-300 es fruto de las negociaciones de la FAB con un empresario privado, dueño del Hotel La Colonia y Aqualand en Cochabamba, a quien la Fuerza Aérea acudió para que lo comprara y pagar en cuotas mensuales.

Precisó que el empresario no hizo la debida compra a la empresa proveedora, pese a que la FAB habría cumplido con los pagos mensuales acordados. Indicó que por ese motivo, cuando la aeronave llega hasta Miami para la reparación de motor, el propietario hace la retención demostrando que el motor no pertenece al Estado Plurinacional.

Lamentó el embargo judicial porque ocasiona daños económicos al Estado tipificados en la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que castiga también al tercero, por asumir responsabilidad con instituciones del Estado, más aún si el costo del avión es de 5 millones de dólares y la reparación cuesta cerca de un millón.