Empresarios contribuirán en la redacción del nuevo Código de Comercio
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) anunció hoy que contribuirán con una propuesta técnica a la construcción del nuevo Código de Comercio, trabajo que realiza la Comisión Codificadora del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.
El presidente de los privados, Ronald Nostas, saludó la visita del ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, a la sede de la CEPB y la disposición en la apertura a la coordinación en la segunda fase de codificación de leyes que lleva adelante el gobierno de Evo Morales.
Arce explicó los avances y alcances que el Estado ejecuta en la tercera codificación de leyes que se da en la historia boliviana desde su fundación.
La primera codificación de leyes que tuvo Bolivia fue una transcripción de los códigos napoleónicos, ocurrió el 23 de septiembre de 1831 cuando se promulgó el “Código de Procederes Santa Cruz”, durante la presidencia del Mariscal Andrés de Santa Cruz, y que entró en vigencia en 1832.
La segunda fue planteada por el presidente de facto, Hugo Banzer Suárez, en 1976 mediante Decreto Ley 12760 que puso en vigencia varios códigos entre ellas el “Código de Procedimiento Civil”, que fue una copia de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española de 1881.
La tercera codificación de leyes que lleva adelante Bolivia, dijo Arce, fue denominada como “Códigos Morales”, no solamente porque van a ser aprobados o puestos en vigencia por el primer presidente indígena, sino por la carga moral que llevan.
El Ministro estuvo acompañado por los expertos de la Comisión Comercial, los abogados, Edgar Luna Yáñez y Justino Avendaño Renedo, quienes recogieron de manera directa las consideraciones teórico doctrinales del empresariado con relación a la construcción de las nuevas normas, entre ellas el Código de Comercio.
Manifestó que la propuesta de un nuevo Código de Comercio emerge como una necesidad del dinamismo comercial, seguridad, certidumbre, avances tecnológicos y la misma debe estar basada en los fundamentos de políticas de Estado, enmarcado en los preceptos establecidos por la nueva Constitución Política del Estado, promulgada en 2009.
Enfatizó, que debe ser “equilibrada” en beneficio de trabajares y empresarios.
