Bolsonaro da más poder a los militares en la Administración civil
Sao Paulo |
Tras la reciente incorporación de otro general al gabinete del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, importantes direcciones de la Administración civil se han teñido de "verde olivo".
Hasta ahora, nueve de los 23 ministros proceden de las Fuerzas Armadas, según informó ayer el diario El País.
Su victoria en las urnas de 2028 le dio a Bolsonaro, un político notorio por ensalzar la dictadura brasileña (1964-1985) y a dictadores como el chileno Augusto Pinochet o el paraguayo Alfredo Stroessner, un poder que nunca tuvo en el Ejército que incluye nombrar a cientos de altos cargos para decenas de instituciones y organismos públicos. Una parte notable de los elegidos por el mandatario y sus ministros son antiguos compañeros de filas, militares de carrera, retirados o en activo.
El recién estrenado ministro de la Casa Civil, el general Walter Braga Netto, ha llegado a ese importante puesto de coordinación entre los miembros del Gabinete desde la subjefatura del Ejército. El portavoz de la Presidencia también tiene galones de general. Bolsonaro entró en el Ejército a los 18 años y, aunque llegó a estar preso por exigir mejoras salariales, consiguió evitar la expulsión y mantiene un enorme apego a la institución.
En los últimos meses han ido llegando uniformados a otros cargos menos expuestos al escrutinio público que el ministro de la Casa Civil o el portavoz presidencial, pero de gran relevancia, como las cúpulas de Correos, la Fundación Nacional del Indio (Funai), la hidroeléctrica Itaipú, la Zona Franca de Manaos, el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, que entre otras tareas mide la deforestación, de organismos medioambientales, entre otros. A quienes dirigen estos organismos hay que sumar otros muchos asesores repartidos por aquí y por allá que son o eran uniformados.
Según el rotativo, en la polarizada política de Brasil preocupa esta catarata de nombramientos de militares unida a los constantes cortes de mangas del presidente (literales, dos en las últimas semanas) a valores básicos en una democracia como los contrapesos institucionales o una prensa libre.
El académico Marco Antonio Teixeira, de la Fundación Getulio Vargas, es crítico con la decisión de colocar a militares en cargos públicos civiles al margen de si algunos de los nombrados tienen currículos más o menos acordes a los puestos.
“Tenemos un Gobierno democráticamente elegido en un ambiente democrático que ha optado por una línea de apoyo político y de imagen muy parecida a la de una institución militar”, explicó el especialista en Administración Pública.
Teixeira recordó que, en los 35 años transcurrido desde el fin de la dictadura en Brasil, los ministros militares han sido raros, incluso al frente del Ministerio de Defensa.
Dijo que la expresidenta Dilma Rousseff, represaliada por la dictadura, fue la primera en nombrar un uniformado para el puesto. A su juicio, “los intereses de los militares entorpecen la acción del Gobierno porque llevan sus intereses corporativos al centro del debate”.
Aunque los recortes presupuestarios para los ministerios también han afectado a Defensa, los miembros de las Fuerzas Armadas han conservado buena parte de sus privilegios porque lograron que la reforma general de las pensiones, indispensable para frenar la sangría de las cuentas públicas, les dejara al margen, reseñó El País.
El Gobierno les hizo una ley separada por la que, a diferencia del resto de los funcionarios, logran seguir sin edad mínima de jubilación y, al retirarse, mantienen el salario íntegro. Con los jueces y diputados, los uniformados (que incluye también a los policías militares y bomberos militares) están entre los sectores más privilegiados de Brasil.
