Anclados en el año 2006

El Decreto Supremo (DS) 28701 del 1 de mayo de 2006, denominado “Nacionalización de los Hidrocarburos”, ha tenido un éxito político incuestionable por haber sido convertido en símbolo de la recuperación de los recursos naturales.

De entonces a la fecha, el Gobierno ha trabajado para que la medida se mitifique atribuyéndole la bonanza económica de los últimos 10 años y la industrialización de los hidrocarburos, como su continuidad lógica. Todo lo bueno que le habría sucedido al país desde el 2006, es gracias a la nacionalización de los hidrocarburos.

Sin embargo, hay que anotar que la Ley 3058, aprobada casi un año antes del DS 28701, ya recogía cinco de los nueve artículos del DS 28701, dos son declarativos de rigor y sólo dos pueden aceptarse como novedosos. Estos dos artículos son los relativos a la creación de un nuevo impuesto transitorio por 180 días, del 32% del valor de la producción a favor de YPFB y el de la nacionalización del 50% más uno de las acciones de las empresas capitalizadas y privatizadas.

El régimen fiscal no fue modificado por el DS 28701 porque el IDH, que significa el 42% de la renta petrolera, ya se incorporó en la Ley 3058 y las regalías y participaciones (24,5%) vienen del siglo pasado.

Tampoco es cierto que gracias a la nacionalización el país tuvo 10 años de bonanza económica porque los grandes ingresos económicos se debieron a la inédita escalada de precios de las materias primas, especialmente del petróleo. Hasta el 2005, el precio del WTI (referente para el cálculo del precio del gas natural exportado) se mantuvo por debajo de 50 $us/Bl. El ascenso posterior llegó a 147 $us/Bl, en junio de 2008, para luego mantenerse por encima de los 10 0$us/Bl, hasta el 2015.

En términos generales, los precios de exportación a Brasil se multiplicaron por 4 y los de Argentina por 2. Este factor, más el incremento de volúmenes son las verdaderas causas de la enorme liquidez que benefició al país.

Además del escaso aporte económico que significó el DS 28701, hay que destacar su pesada carga estatista expresada en el rol asignado a YPFB para ejercer el control y dirección de todas las actividades petroleras, estatismo que se consolida a partir del 2007 con la reserva de todas las áreas de interés petrolero, la obligación de las petroleras a reinvertir sus utilidades en el país, a tener una participación menor o igual al 49% en las sociedades con YPFB, a firmar con YPFB, como única modalidad contractual contratos de servicios y el no reconocimiento de jurisdicción ni tribunal extranjero alguno para el tratamiento de controversias. 

Este cúmulo de acciones y restricciones ahuyentaron las inversiones privadas y obligaron al Estado la mayor parte de los riesgos de la industria, especialmente en exploración.

Entre los años 2011 y 2015, en promedio la inversión exploratoria fue de 64% YPFB y 36% privada. La menguada inversión en el rubro se manifiesta en la tendencia declinante de las reservas y en la ausencia de nuevos descubrimientos.

La industrialización es otro mito de la nacionalización. El uno no tiene relación ni es consecuencia del otro. La industrialización, como proceso sostenible, sólo es posible donde haya grandes reservas de gas, existan mercados, tecnología y capitales. La bonanza pasajera de los últimos 10 años, no implica la presencia de ninguno de los anteriores factores, sólo el albur de precios altos favoreció la liquidez de la economía. Al contrario, el estatismo perjudica la industrialización porque está siendo asumida totalmente por el Estado.

Lo anotado muestra que la actividad petrolera nacional está anclada en las políticas del año 2006, con cerrojos estatistas que impiden su modernización.

De haberse buscado una política de equilibrios, tendríamos una industria más desarrollada y moderna, no habrían las angustias por la baja de reservas ni por la demanda insatisfecha de nuestros dos únicos mercados. No habría necesidad de inventarse incentivos para atraer nuevas inversiones. Tendríamos instituciones jerarquizadas, consolidadas y diferenciadas unas de otras. Los ingresos habrían sido invertidos de manera más transparente y eficiente en proyectos bien concebidos y bien ejecutados. La constitución de un Fondo de Reserva hubiera evitado el despilfarro de los recursos. La corrupción hubiera tenido frenos. En suma, el país podría estar a la altura del nuevo ciclo petrolero de apertura que vive el mundo.

Si el Gobierno persiste en la política estatista vigente desde el DS 28701, no debe esperar el incremento profuso de reservas ni el ascenso sostenible de la producción. Al contrario, se incrementarán los riesgos de todos los proyectos de inversión al pretender ejecutarlos de manera solitaria. Lo único que se logrará es profundizar el aislamiento y el rezado de la industria petrolera de Bolivia.

El autor es ingeniero químico y petroquímico.