Brasil con un Poder Judicial envidiable

La ley brasileña dictamina que en la línea de sucesión presidencial no puede haber nadie que haya recibido, o esté por recibir, un mandamiento judicial federal en su contra. El Poder Judicial del Brasil hace honor a esta ley y a su fama de enaltecedor de la Constitución y las leyes en un inmenso río revuelto donde solamente los escándalos de Petrobras, Odebrecht y Lava Jato se han probado poco menos que suficientes para copar la templanza ética y la capacidad de trabajo del Poder Judicial y de la Policía Federal y sus dependencias nacionales, regionales y locales que no han cesado de ejercer profesionalismo e idoneidad en el desempeño de sus funciones constitucionales que están demostrando, hasta el momento, ser un modelo que debería ser emulado por otros países no solamente iberoamericanos.

A comienzos de junio de 2017 la Corte Suprema Federal de Brasil aprobaba por mayoría a tiempo que el juez federal Marco Antonio de Mello emitía el respectivo mandamiento judicial contra Renan Calheiros que habría de ser inmediatamente removido de la presidencia del Senado por malversación de fondos. Esto significó un golpe más para el presidente Michel Temer cuyo gobierno y él mismo han sido debilitados por escándalos de corrupción en medio de la política de austeridad que el Presidente ha impuesto.

Por otro lado, Calheiros ha sido reemplazado por el senador Jorge Vianna del Partido de los Trabajadores que se opone a los recortes de gastos excesivos que durante el gobierno de Rousseff gestaron el déficit más prolongado y pernicioso de la historia del país que contribuyó a la recesión de los recientes dos años y que no cesa de tener efectos negativos en el empleo, la conducción y la marcha de la inmensa economía brasileña que recientemente sufrió una disminución masiva de sus exportaciones de carne, sector que también se vio afectado por sobornos pagados a inspectores por compañías exportadoras como JBS para que éstos dejasen pasar carne mala por buena. Aquí la Policía Federal también arrestó a docenas de inspectores que habían aceptado sobornos.

El 26 de junio la Policía Federal de Brasil dijo que tenía evidencia de que el presidente Michel Temer había recibido sobornos que comprometían su continuación en el cargo de primer mandatario si el latente juicio de corrupción lo declaraba culpable. El mandatario es investigado en función a declaraciones, concertadas con el Fiscal, del empresario Joesley Batista de la procesadora de carne JBS que vinculan al presidente con sobornos y presuntos pagos irregulares a la ex autoridad parlamentaria, Eduardo Cunha, actualmente en la cárcel.

De acuerdo al periódico The Guardian, si la Corte Suprema acepta la recomendación de la Policía Federal de investigar al presidente Temer, solamente el Congreso Nacional puede decidir si la Corte debe investigarlo. Si dos terceras partes del Congreso votan a favor de la investigación, Temer debe ser suspendido de sus funciones hasta la conclusión del juicio. De acuerdo a un reciente comunicado de la Corte, la Policía Federal tiene evidencias suficientes de sobornos pagados para demostrar la necesidad de una investigación de Temer por “corrupción pasiva” que es el cargo imputable por recibir sobornos. Las evidencias muestran que el ex ayudante de Temer, Rodrigo Rocha Loures, en nombre del Presidente, recibía los sobornos de JBS en maletas de dinero que la Policía incautó. Hasta el momento Temer ha rehusado hablar del asunto. Se lo acusa de tres presuntos crímenes: corrupción, obstrucción de justicia y ser miembro de una organización criminal.

Con suficiente apoyo de la Cámara de Diputados es probable que el presidente Michel Temer permanezca hasta que su mandato concluya a fines de 2018 aunque el costo de esa permanencia, limitada por la frugalidad fiscal impuesta, ha de imposibilitar una gobernabilidad efectiva que la agencia Reuters califica de “zombi”… que habrá de durar hasta que Brasil elija otro presidente.

El autor es miembro de número de la Academia Boliviana de la Lengua.