Los médicos y la democracia

El conflicto social se amplía y radicaliza. En las pancartas están artículos concretos del Código Penal, pero en el pensamiento de la gente está la democracia.

Los profesionales en salud, liderados por los médicos, están movilizados desde hace más de un mes. Poco a poco han ido sumando el apoyo de otros grupos que no solamente expresan su solidaridad con ellos, sino que añaden sus propias reivindicaciones al movimiento. La incorporación de normas que castigan judicialmente la mala práctica profesional en el nuevo Código Penal es el tema inmediato de esta movilización. Los transportistas han reactivado también su inquietud por otros artículos del mismo código que interpretan como amenazas a su actividad. Una parte importante de la población religiosa, con el apoyo formal de obispos y pastores católicos y evangélicos, también ha organizado acciones de presión por normas que amplían las causales del aborto. Y  muchos se han puesto a estudiar con detenimiento el Código Penal promulgado hace poco, con la sospecha de que existan otras amenazas a sus derechos.

El Gobierno, que ha eludido negociaciones en la etapa de formulación de la ley, o las ha realizado sólo de manera simbólica, ha planteado que ya no hay nada que discutir pues la ley es la ley, está aprobada y debe cumplirse. ¡Como si no hubiera exigido incluso la suspensión de artículos constitucionales! Y despliega al mismo tiempo su fuerte sistema de propaganda para atacar a los profesionales en salud y a quienes se opongan a su nuevo código, lo que no hace más que alentar el conflicto.

Es probable que no existan antecedentes de movilizaciones sociales tan concentradas en cuestiones jurídicas y de especialistas. La definición de ciertas actitudes como delitos y la determinación de las penalidades que les correspondan es materia de debate muy especializado. La gente suele en general desentenderse de esos temas porque, obviamente, no tiene intenciones de delinquir. “Que se preocupe el delincuente si el castigo es una multa o la cárcel”, piensa.

¿Qué es lo que ha convertido la ley en un problema social tan sensible y movilizador?

La pista más clara la tenemos cerca, en el 3 de diciembre, cuando casi dos tercios del electorado rechazó la propuesta de elecciones judiciales, piedra angular de la reforma del sistema de justicia en el país. La mayoría lo hizo con claridad, anulando su voto, pero una proporción apreciable demostró indiferencia, dejando en blanco la papeleta. La primera elección judicial –que también ganaron nulos y blancos– posiblemente tuvo un contenido político más coyuntural, de rechazo al procedimiento de selección de candidatos.  Pero en esta segunda fue más claro el rechazo a la reforma, no solamente porque ya se ha comprobado su ineficacia, sino porque ya se sabe hasta dónde puede llegar.

La desconfianza en el sistema judicial se ha ido acentuando en los últimos años como lo muestran las encuestas, que además sitúan a los tribunales y a todo el sistema judicial en los niveles más bajos de confianza comparado con el resto de las instituciones. La gente prácticamente ya no cree que los conflictos personales y las disputas sobre normas y contratos puedan resolverse en juicios justos. La situación es tan grave que para muchos bolivianos la justicia comunitaria resulta más confiable que el sistema judicial.

Este panorama es gravísimo, porque muestra que los derechos de las personas están desprotegidos o dependen de factores totalmente ajenos a las reglas de convivencia social y de la razón. La defensa de los derechos de los ciudadanos, su protección frente a los abusos, son objetivos esenciales de la democracia, por lo que la situación que se plantea por la desconfianza en el sistema judicial y la pérdida de credibilidad de los tribunales es de una crisis democrática muy profunda. 

Por lo tanto, lo que estamos viendo y viviendo en las calles es una expresión de esa crisis. En las demandas de los profesionales y en el amplio apoyo que han conseguido se está manifestando una demanda que apunta a recuperar el corazón mismo de la democracia: la protección de las personas frente a los abusos del poder.

No es que los médicos quieran impunidad cuando incurran en actos negligentes. No es que los transportistas quieran impunidad cuando sufran accidentes. Lo que ellos y todos los que los apoyan quieren es un sistema judicial confiable, capaz de proteger a los inocentes y castigar a los culpables sin pedir permiso ni recibir órdenes de quienes detentan el poder. Recuperar un sistema judicial independiente, eficaz, probo y profesional es lo que en el fondo pedimos todos.  Y mientras no lo tengamos, pues sospecharemos del Código Penal y de cualquier otra ley.

El autor es  economista.