Se acaba el gas…por fin

En un reciente Diálogo organizado por el Grupo “Marcos Escudero” se trató la situación de los hidrocarburos en Bolivia y sus perspectivas. Expusieron el tema dos especialistas que, en su momento, tuvieron responsabilidades ministeriales en el rubro: Alvaro Ríos Roca y Mauricio Medinaceli. Ambos coincidieron en definir la situación actual como difícil y las perspectivas como muy críticas. 

Ellos recordaron que demoramos casi tres décadas en poner en marcha la exportación de gas al Brasil y que, en las últimas tres, prácticamente agotamos esa opción. La producción está declinando, ya no hay capacidad para exportar en las magnitudes que se habían proyectado, hoy nadie menciona más la posibilidad de hacer de Bolivia el corazón energético de América del Sur, no hay en carpeta ni un solo proyecto de gasoducto y mucho menos de licuefacción de gas. Por el contrario, no sólo exportamos cada vez menos gas, sino que en un futuro próximo estaremos importando gas licuado, como ya lo hacemos con diésel y gasolina. Las plantas establecidas para aprovechar el gas, separando líquidos, produciendo fertilizantes o generando electricidad, trabajan muy por debajo de su capacidad. Hoy Bolivia ya es un importador neto de hidrocarburos. Es decir, sale más dinero del que entra por el comercio internacional del rubro. 

Los especialistas también coincidieron al identificar la causa de este dramático cambio de situación: la nacionalización. 

Como se sabe, ésta no expropió nada más que las acciones que tenían los ciudadanos bolivianos en las empresas a través del Fondo de Capitalización Colectiva y obligó a los inversionistas extranjeros a cambiar sus contratos, aceptando una carga tributaria mayor, a cambio de garantizarles rentabilidad al cubrir sus “costos recuperables”. Esto desalentó nuevas inversiones y estimuló la explotación acelerada de los yacimientos ya existentes. El resultado es el que ya describimos. Con un matiz que no es irrelevante: la crisis todavía no se percibe tanto en los ingresos fiscales como en las reservas internacionales. En los ingresos porque la importación también los genera, pero sí se notan en el gasto público, agobiado por compromisos corporativos y ahora por subsidios crecientes.

El debate se centró luego en lo que debería hacerse para reactivar la producción, volver a exportar y satisfacer las expectativas de la gente. El escenario más optimista dice que, si se cambia de inmediato y radicalmente la política de hidrocarburos, comenzando por la Constitución, y se consigue que comiencen a llegar nuevas inversiones con alta tecnología, recién cinco años después sabremos si puede ser posible lograr el autoabastecimiento de hidrocarburos o contar con un sector exportador dinámico. 

Tal vez esto nos dé una oportunidad de desarrollo. 

En medio del debate, Medinaceli recordó que varios profesionales firmamos el 2006 una propuesta de distribución directa de las rentas de recursos naturales entre todos los ciudadanos. La idea entonces no era solamente cumplir con la afirmación constitucional de que los recursos naturales son de todos, sino también la de evitar los males del rentismo estatal, una enfermedad que se contagia muy fácilmente hacia la sociedad, como precisamente ocurrió, con secuelas que todavía nos afectan.

El rentismo surge de la concentración de las rentas en el Estado divorciándolo de la vida económica de la sociedad. El Estado resuelve con rentas sus problemas de financiamiento, cobrando a un puñado de empresas, y depende menos de los impuestos, que exigen mayor trabajo de cobranza y que se generan con el trabajo y la producción de miles de personas y empresas. De espaldas a la economía pero con recursos, el Estado se concentra en la gestión política, logrando apoyos mediante el gasto público. Esto, a su vez, incentiva comportamientos corporativos en la sociedad: todos se organizan en grupos que luchan para “arrancar” recursos al Estado: inversiones, servicios, oficinas, subsidios, etc. Así, en vez de que la creatividad y el esfuerzo de la gente se canalicen hacia la producción, lo hacen hacia la “política”, reducida a pugnas por el presupuesto. Las rentas de recursos naturales terminan distribuidas al calor de la presión corporativa, muchas veces en proyectos insostenibles y otras en simple despilfarro.

Sucedió precisamente eso, pues caímos en la trampa del rentismo. 

Pudimos haberla evitado creando un fondo soberano, como lo hicieron en Noruega, pero no teníamos entonces (y menos ahora) la institucionalidad y fortaleza jurídica para hacerlo. También lo hubiéramos evitado, como propusimos algunos, dándole a la gente su plata, porque sin duda hubiera hecho un uso más prudente de ella que la burocracia, y seguro no se habría distraído en pugnas seudopolíticas como las que han debilitado nuestra democracia. 

Para tener una idea, tomando en cuenta un informe de YPFB que asegura que se recaudaron más de 37 mil millones de dólares entre 2006 y 2019, su distribución entre la gente hubiera llevado a cada familia cerca de 15 mil dólares de libre uso en estos años. Para la mayoría, eso hubiera sido un cambio radical de vida. 

Para ambas opciones ya es un poco tarde, ahora nos queda trabajar y producir. 

Esa es la oportunidad. Se acaba el gas y estaremos libres del cebo de las rentas. No faltan los que levantan la ilusión del litio para conducirnos hacia una nueva trampa. No nos dejemos llevar hacia ella y admitamos de una vez que el camino del progreso sólo puede transitarse con trabajo, producción y un esfuerzo que debe ser continuo y persistente. Vivir de rentas nos impide aprender a usar nuevas tecnologías, nos lleva a olvidar que necesitamos producir para vender, que las inversiones son el instrumento que construye el futuro y que los mercados son más necesarios que los bloqueos y las manifestaciones. La silla de oro sobre la que supuestamente está sentada la pobre Bolivia no es más que una mentira piadosa.