Indemnizar por no nacionalizar

El Gobierno puede evitar la indemnización de 105 millones de dólares establecida por el CIADI si negocia con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, principal accionista de la AFP Previsión, y le ofrece un nuevo contrato, revirtiendo la reforma de pensiones.

El tribunal arbitral internacional le ha dado la razón a Previsión, que el año 2018 reclamó retrasos indebidos por parte del Gobierno en el proceso de nacionalización del sistema de pensiones.

¿Acaso Previsión quiere ser estatizada y el Gobierno no quiere hacerlo?

En efecto, parece extraño que una empresa internacional haya reclamado ante un tribunal por el incumplimiento en la nacionalización, tomando en cuenta que dicha empresa ha seguido operando todo este tiempo, atendiendo a sus clientes, administrando sus ahorros, pagando jubilaciones, generando utilidades, etc. La clave de esto se explica por la naturaleza del negocio.

Las administradoras de fondos de pensiones (AFP) reciben los ahorros de sus clientes y los administran para devolvérselos después en la forma de jubilaciones o pensiones de retiro. “Los administran” quiere decir que deben invertirlos en algo que sea seguro y rentable, a fin de que los clientes tengan un beneficio de largo plazo, su jubilación. Mientras mayor es ese beneficio son mejores los montos que se paguen en jubilaciones, por lo que las AFP tienen un premio, pues su remuneración proviene sobre todo de la comisión que obtengan de los réditos de las inversiones.

Esto no es sencillo. Hacer inversiones que sean rentables es difícil, y lo es más que lo sean a largo plazo. Y el plazo es clave en la gestión de las pensiones. En condiciones normales, se supone que una persona ahorra durante su vida laboral, de 25 a 30 años, para retirarse y recibir una pensión hasta su muerte, lo que puede suceder en otros 25 a 30 años. Una AFP, por lo tanto, necesita una perspectiva de largo plazo. Cada cliente se vincula por 50 a 60 años, y con frecuencia más, si sobreviven cónyuges, o derechohabientes, como dice la jerga de los especialistas.

Esto de los plazos y la necesidad de inversiones rentables muchas veces no lo comprenden ni los interesados. ¿Cómo podría uno ahorrar el 10% durante 30 años, que equivale al ingreso de tres años, y esperar una jubilación por otros 30 años? La única manera de que eso ocurra es que ese equivalente de tres años que uno logra ahorrar se multiplique con inversiones rentables por periodos prolongados.

En Bolivia, la licitación internacional que abrió el sistema de pensiones dio lugar a contratos que garantizaban ese largo plazo. Pero la añoranza por el antiguo sistema de jubilaciones llevó al MAS a prometer la reforma. Ya olvidamos que aquel sistema era excluyente y restringido a unos pocos, y que se financiaba con los ingresos de todos.

En la Constitución de 2009 se estableció que “los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados ni concesionados”. Pero no mandaba que los privados ya existentes, como los de las AFP, debieran ser estatizados. De manera que la ley que ordenaba el monopolio estatal del sistema de pensiones a manos de una Gestora Pública puede ser fácilmente modificada. No fue una gran demanda ciudadana. Al contrario, las encuestas mostraban que, fuera de los dirigentes sindicales, la mayor parte de la gente prefiere contar con un sistema competitivo que le permita escoger a su gestora de pensiones y teme que la administración estatal termine como terminó el sistema anterior: en quiebra y sin recursos.

Y aunque no se avanzó en la estatización, la normativa introdujo un grave factor de incertidumbre. Desde 2010 el Gobierno ha estado fijando y prorrogando plazos, sin que se concrete la transferencia de las cuentas previsionales de las AFP a la Gestora Pública. ¿Cómo planificar para 60 o 70 años los ahorros de un cliente si en cualquier momento el proceso se interrumpe?

Al parecer, Previsión demandó el arbitraje para obligar al Gobierno a tomar una definición que resolviera esa incertidumbre.

El Gobierno está ahora obligado a pagar los 105 millones de dólares y hacerse cargo de la administración de Previsión y las inversiones que ésta administra (unos 12 mil millones de dólares, pertenecientes a 1,4 millones de bolivianos).

Pero hay otro camino, que yo aconsejaría si fuera parte del Gobierno: negociar con la empresa un nuevo contrato que le devuelva la perspectiva de largo plazo. No tiene sentido asumir la obligación de pagar 105 millones para hacerse cargo de un problema complicado, como es el de administrar tanto dinero de tanta gente, sin tener la capacidad institucional para hacerlo. Porque, además, lo que se haga con Previsión sienta las bases de lo que se hará con Futuro, con lo que los costos y el problema se multiplican por dos.

No es seguro que, a estas alturas, los accionistas acepten quedarse, pero tampoco es imposible. Son inversionistas y conocen la importancia de negociar. Nuevos contratos y garantías de largo plazo devolverían certidumbre al sistema. Si el país lo necesita, los ahorristas todavía más.

La Gestora Pública podría convertirse en una tercera AFP, desarrollando la tecnología que se necesita para manejar ahorros a largo plazo, y compitiendo con las otras dos, lo que terminaría por fortalecer el sistema.

Los costos de la estatización para el Gobierno ya están más claros ahora. Se sabe lo que le costará al país de inmediato persistir en una reforma que es riesgosa e innecesaria. Pero sostengo que se puede enderezar el entuerto con una acción política rápida y clara: negociar con los inversionistas y concertar un cambio en la normativa. ¿Para qué persistir en un camino errado?