Impuestos: polémica futil para quien tributa
La polémica por los impuestos –elevados, moderados– que pagamos los bolivianos se disparó, hace siete días, con la publicación de un informe semestral del Banco Mundial (BM). Las cifras de ese documento han provocado la apurada réplica del Gobierno que, con el propósito de relativizarlas y “corregirlas”, invoca otras y expone explicaciones técnicas cuyo mensaje puede resumirse al familiar enunciado de que todo es mejor en Bolivia comparado con lo que era hace 12 años. Para quienes tributan, ese intercambio oficial de cifras no tiene mayor repercusión que la de reavivar el fastidio periódico e inevitable que enfrentan a la hora de pagar impuestos.
Según el informe del BM, titulado “Ajuste fiscal en América Latina y el Caribe: ¿Costos en el corto plazo, beneficios en el largo?”, que utiliza datos del año pasado, la presión tributaria en Bolivia llega al 26,6% del PIB. Eso significa que "de cada 100 bolivianos que genera la economía, (26,6) bolivianos son destinados al pago de impuestos", según la útil, simple y muy entendible explicación que el viceministro de Política Tributaria, Jhonny Morales, brindó a la prensa para afirmar que la referida presión tributaria se mantuvo en un promedio del 19,4% del PIB en los 12 últimos años.
E incluso menos entre 2016 y 2017, cuando la cifra de esa variable llegó a 18, 3%, lo que es claramente inferior al promedio regional, calculado por el BM en el 20,1%, señaló el Viceministro, luego de recordar que las recaudaciones aumentan cada año y asegurar que eso se debe “al crecimiento sostenible del PIB y del movimiento económico (…) y no así a incrementos de porcentajes de tributos, porque no se ha incrementado ningún impuesto”.
Puede ser, pero eso significa nada para el contribuyente común: dependiente asalariado, empresario de cualquier talla o profesional liberal, es decir esos actores económicos que no son informales –un 20% del total, según estimaciones de la empresa privada. Y es así porque para quien paga impuestos el hacerlo significa observar un procedimiento complejo en el que se presume su intención de dolo y que, además y cuyo sistema es percibido como injusto.
Por ejemplo por los profesionales independientes –que impositivamente son tratados como empresas– o por el sector del transporte internacional que no puede realizar descargos fiscales con facturas de alimentos, salud, educación e indumentaria, o por los mismos dependientes asalariados actores económicos formales en una economía al 80% informal.
