Miserias de la Burocracia, toma I
Lo único falso de lo escrito a continuación son los nombres de los protagonistas, todo lo demás refleja la realidad con un 100% de veracidad. Esta vez, sucedió en salud pública, concretamente la Caja Petrolera. Como muchos sabemos, en las ciudades grandes de Bolivia y no menos en sus rutas y carreteras importantes, la gente suele conducir como si fuese digna de la postración ante sus pies, o sea, atropellando a quien se interponga en su camino, tal cual virreyes u otra dignidad semejante. Por eso, con frecuencia hay accidentes de tránsito.
De vez en cuando alguna víctima de los abusivos al volante dispone de seguro social o de salud. A diferencia de “cualquier cucaracha” (con esa expresión aludo al ciudadano común), un asegurado tiene derecho a los cuidados necesarios para el restablecimiento pleno de su salud, y si aquello no fuera posible por la gravedad de sus lesiones, al menos a la minimización de las secuelas. Por ejemplo, si acaso perdió alguna o varias extremidades o alguna otra parte del cuerpo sustituible en alguna medida, a su reposición mediante prótesis, siquiera en cuanto a las funciones estéticas, como en el caso del ojo de vidrio.
Cabe aquí introducir cierta digresión: una tarea pendiente para las ciencias sociales, y siempre a nuestro juicio, implica el esclarecimiento de la vocación señorial tan arraigada en nuestra cultura, y tal vez más en la inherente a la clase burocrática (pública o privada): servir como pongo para mandar como virrey. Otro día retomaremos el asunto de nuestra vocación señorial desde nuestra visión, y por supuesto siendo seriamente sensatos.
Volvamos. A pesar del seguro, la cobertura no es automática. Para recibir una silla de ruedas, obtener una prótesis o cualquier otro accesorio y servicio médico, cualquier inválido producto de un accidente de tráfico, del trabajo u otras situaciones ajenas a su deliberada voluntad, precisa certificar previamente su invalidez a través de un documento legal. ¿Cómo obtenerlo?
Por supuesto, la ley establece procedimientos claros previendo las especificidades inherentes a las distintas situaciones posibles. Pero… ¿acaso la ciudadanía y el derecho funcionan en el Estado Plurinacional de Bolivia? Ante cualquier infortunio indeseado que afecte nuestra vida viviendo como cualquier cucaracha, y cuya resolución implique la intervención de la justicia, ¿quién te informa sobre tus derechos? Y todavía peor, ¿quién te defiende? Si no tienes bolsillos largos ni influencia política, la justicia no funciona en Bolivia ¿miento?
Precisamente aquí entran los funcionarios de la Caja, y no precisamente aquellos de la más alta jerarquía, sino más bien los de pasillo, de uno u otro rincón oscuro, húmedo y hacinado de la institución, pero eso sí, con cierta antigüedad y bien organizados para esquilmar a las víctimas de accidentes afiliados a la institución.
¿Cómo? Pues desinformando a los afectados, adulterando los procedimientos, y todo orientado a sacarles plata con juicios y trámites innecesarios. Marean la perdiz, te doran la píldora aquí y allí, entonces fácilmente la víctima tropieza en sus presuntas redes de ayuda para “agilizar” o “sacar” tu asunto, cuando en realidad le dan de largas a la víctima con esos trámites innecesarios y con sobreprecios que ellos mismos hacen. Luego se reparten las ganancias entre ellos. Pasa todos los días decenas de veces.
El autor es economista.
llamadecristal@hotmail.com
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