Incógnitas a despejarse
Están actualmente en ejecución obras públicas de gran magnitud como las represas hidroeléctricas en el Departamento del Beni, la carretera Cochabamba-Beni que comunicará Villa Tunari con San Ignacio de Moxos, el Tren Metropolitano de Cochabamba, y muchas de diferente naturaleza en todo el territorio del país, que hacen referencia a otras carreteras, campos deportivos, aeropuertos, hospitales, en proceso y concluidas. Las autoridades gubernamentales están en la obligación de hacer conocer los montos económicos invertidos o a invertirse en ellos, y su origen.
La única información brindada en torno a ese tema se produjo en agosto de 2017 con referencia al Tren Metropolitano de Cochabamba, pues para ese efecto se anunció que, sin necesidad de recurrir a apoyos foráneos, se destinó a las obras respectivas la suma de 445 millones de dólares procedentes del Tesoro General de la Nación. En atención a que para erogación de fondos fiscales es imprescindible autorización del Poder Legislativo, debido a que nunca se supo que tal permiso fue concedido, quedó en misterio la fuente de los recursos con los cuales comenzaron a darse los primeros pasos para la ejecución de las obras prometidas a ese propósito. La incógnita puede despejarse si se confirma la noticia difundida por las denominadas “redes sociales”, según la cual esos fondos provienen de Alemania, que no deja de ser “apoyo foráneo”.
Nada se sabe al respecto en relación a las otras obras públicas ejecutadas o por ejecutarse, ni nada tampoco acerca del cumplimiento en general para todas ellas, sin excepción, de las reglas conocidas como “Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios” contenidas en el Decreto Supremo 181 de 28 de junio de 2009, que hacen referencia a previa licitación con prohibición de invitación directa, a la responsabilidad de la administración pública de proceder a selección del mejor postor y exigencia de garantía de ejecución según lo pactado para cada caso.
Tan amplia es la preocupación acerca de esos temas, que se difundió la propuesta presentada al Gobierno por el Rector de la Universidad de San Andrés, Waldo Albarracín, quien, invocando la regla constitucional que garantiza acceso a la información, y señalando que se estima que la gran represa hidroeléctrica Chapete -Bala costará 7.000 millones de dólares, solicitó que se hagan conocer al país todos los estudios técnicos realizados para ese propósito, más el origen del financiamiento.
Contra ese proyecto y el de la carretera que cruza el Tipnis existen amparos constitucionales interpuestos, y consultas a organismos internacionales guardianes de los derechos humanos.
El autor es abogado
Columnas de JOSÉ LUIS BAPTISTA MORALES
