Gobierno solidario con los corruptos

Tras la condena judicial a Milagro Sala en Argentina, por la apropiación indebida de 60 millones de pesos del vecino país, Evo Morales manifestó su “solidaridad” con la dirigente kirchnerista, repitiendo anteriores expresiones de apoyo a otros corruptos del bloque socialista del siglo XXI.

Lo mismo había hecho el presidente ante las condenas a Lula da Silva y Cristina Fernández, igualmente por grandes casos de enriquecimiento ilícito, una marca que distingue a los populistas nucleados en el Foro de Sao Paulo, la ALBA y otros tentáculos de esa verdadera trasnacional de la corrupción.

Lo menos que puede decirse de estas manifestaciones de solidaridad con los cleptócratas es que son inconvenientes, y que el mandatario haría bien en quedarse callado frente a los dictámenes de tribunales independientes, muy distintos de la justicia manipulada que impera bajo el Estado Plurinacional.

Pero también es cierto que estas declaraciones ayudan a pintar de cuerpo entero al régimen del Movimiento Al Socialismo, con el que se ha sucedido un largo rosario de negociados, escándalos e irregularidades millonarias, entre los que podemos citar los casos Fondioc, Camc, tractores y taladros.

Todo esto, al amparo de una nueva normativa firmada por la Máxima Autoridad Ejecutiva, que facilita la adjudicación directa y que demuestra que no se trata de simples hechos aislados sino de una política sistemática.

En el caso argentino, el costo de la obra pública bajó nada menos que un 40% después de la salida del poder del clan K. ¿A cuánto ascenderán los sobreprecios en nuestro país? Lo sabremos después del cambio de gobierno a realizarse en enero de 2020, cuando se puedan transparentar las cuentas estatales.

Una razón más para trabajar por la alternancia política, que no es una “superstición burguesa” como dicen en el oficialismo, sino uno de los resortes fundamentales de la democracia republicana.

Para esto hará falta que en octubre, además de la participación de la población con el sufragio, se despliegue un fuerte aparato de control de actas, un desafío que sólo podrán abordar las organizaciones políticas con amplias estructuras territoriales.

El autor es senador