Etnocidio y ecosuicidio
Unilateral y discrecionalmente, Morales sancionó el decreto supremo 3973 autorizando la quema y el desmonte de tierras, violando los Artículos 30 inciso 17 y 33 de la CPE. Ignoró también el artículo 299 inciso II, que prescribe que: “Es una competencia concurrente del nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas: 1. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna silvestre manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental”.
Así, la irresponsabilidad y la insensatez están consumando el etnocidio indígena y el ecosuicidio de la Chiquitanía. La depredación autorizada viene en paquete maligno, el objetivo es transformar tierras públicas y protegidas en tierras privadas para la explotación y el lucro de empresarios privados, madereros y cocaleros.
Hoy, ante el despotismo, podemos esperar que en régimen de suspensión de la ley, causen la desestructuración de la región. Tanto las tierras indígenas como las unidades de conservación son tierras públicas y a los pueblos indígenas les cabe el usufructo. Sin ella, se condena a pueblos enteros a la muerte física y cultural porque se decreta la orden de su desalojo y/o invasión forzada, y como consecuencia su extinción en el tiempo; total, un indígena no es, no existe. Su muerte cultural y económica, no duele.
El Decreto, es una orden de ocupación que provocará la tragedia de la deforestación, la muerte de la fauna, la invasión de las tierras, la libre compraventa de la tierra, el arrendamiento a no indígenas, el crecimiento indiscriminado de núcleos urbanos, de propiedades rurales, la desprotección arbórea, los asentamientos y la construcción de infraestructuras, lo que reducirá la biomasa, el conjunto arbóreo y se alterara el microclima del lecho del bosque. Las pérdidas de peces, animales, aves, plantas y la contaminación de los ríos, será inevitable. Los esfuerzos para impedir la tala y reducir la deforestación no bastarán. El Estado es y será incapaz de controlar y fiscalizar para impedir la explotación depredadora y proteger la biodiversidad.
Los múltiples episodios evidencian problemas de reacción, improvisación y descoordinación, no sólo nivel central sino a nivel regional y local. La magnitud de estos fuegos no se resuelve con aviones cargados de agua y menos si se reacciona con 15 días de omisión.
Se trata pues, se establecer una verdadera Estrategia Nacional de Gestión de Riesgos contra desastres que prevea presupuestos apropiados, inversión para reducir los riesgos y protocolos de actuación coordinada. Es necesario realizar un "proyecto conjunto" de prevención con los países amazónicos para evitar más catástrofes ambientales y aportar políticas publicas estratégicas comunes.
El golpe contra “su propia Constitución”, esta, una vez más, consumado. Para que se dicte, se necesitó precisamente que usted lector muestre desinterés e indolencia. Como sabemos, vivimos bajo un Régimen de Gobierno del hecho consumado.
El autor es abogado constitucionalista
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