Los hidrocarburos no tocan fondo

Parecería que la fatalidad se ha instalado desde hace años en el sector hidrocarburos, a principios de siglo cuando todo parecía iluminarse por las buenas reservas y buenos mercados el mal hado nos envió un Gobierno que se ocupó de echar por la borda la inédita coyuntura de condiciones excepcionales, gastando fortunas en cualquier emprendimiento que a primera vista le parecía atractivo.

Así se consumieron cerca de 40 mil millones de dólares de la renta petrolera, durante 14 años, en proyectos descabellados, como la planta de LNG de Río Grande, o deficientes y mal ejecutados, como el de la Planta de urea de Bulo Bulo que, para compensar la deficiente localización, tuvo que invertir en un ferrocarril y duplicar los contratos de operación y mantenimiento.

Un ejemplo de este último caso, es el de Samsung, la empresa que construyó la planta, tenía la obligación de operarla hasta dos años después de su inauguración, o sea hasta septiembre de 2019 y, a pesar de ello, los administradores de la planta firmaron otro contrato con YPFB-Chaco con el mismo objeto, para el mismo lapso de tiempo y hasta abril de 2020. Para ellos fue un detalle sin importancia porque había dinero en abundancia y ningún control sobre el gasto.

En el Gobierno del MAS hubo proyectos que fueron anulados por otras disposiciones del propio Gobierno, como fue la conversión vehicular a GNV que fue neutralizada por la ley de Saneamiento de Motorizados que legalizó 150 mil autos chutos, tampoco tuvieron reparos en fomentar la importación irrestricta de todo tipo de automotores, porque la millonaria subvención podía ser cubierta con sólo los saldos del presupuesto.

La idea de que las reservas eran tan grandes llevó al Gobierno a creer que la exploración era ya un trabajo realizado, que la tarea era fácil y de segundo plano. Las condiciones eran tan favorables que Bolivia podía prescindir de las empresas petroleras, apoyarse en el aliado venezolano e imponer condiciones de precios y volúmenes a sus mercados. Semejante absurdo debería ser asumido por los anteriores planificadores de la política de hidrocarburos.

La dinámica petrolera de los últimos años ha sido tan rápida que ha dejado en la obsolescencia mucha tecnología y ha pasado factura a todas las empresas que no supieron tomar las decisiones correctas y a los países que ideologizaron lo que era eminentemente técnico.

Felizmente, y gracias al cambio de Gobierno de noviembre del año pasado, el escenario venezolano al que nos acercábamos peligrosamente, como dice Armando Álvarez, es ahora lejano. Es urgente que en septiembre Bolivia aumente la distancia de semejante peligro.

Pero no será fácil, porque está visto que el virus populista lo tenemos enraizado y quienes lo aborrecen no están actuando inteligentemente para neutralizarlo. Estaban dadas las condiciones para demostrar a la población la terrible secuela de daños causados a la industria petrolera por el Gobierno del MAS, no sólo por el tiempo y los recursos perdidos sino por el esfuerzo que demandará retomar el cauce de desarrollo.

Se esperaban auditorías y un análisis retrospectivo de los 14 años de gobierno que llevaron al sector al calamitoso estado en que se encuentra; que se sentaran las guías de análisis de los daños causados por la Ley de Hidrocarburos. Se esperaba una propuesta de reestructuración de YPFB, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y del propio Ministerio; del restablecimiento de la institucionalidad y de controles cruzados; de transparentar la información.

El sector petrolero está en peores condiciones que las dejadas por la capitalización. YPFB, a pesar de tener 6.000 empleados, está más desmantelado que antes, gran parte de sus trabajadores han perdido la mística yacimientista y el amor a su empresa, ahora están más motivados por la filiación política y sus réditos económicos. YPFB es una empresa desestructurada, con múltiples cabezas y gerencias, con autoridades que están a merced de sindicatos enajenados, de movimientos sociales y de fuerzas regionales que pueden disponer los cambios que consideren necesario y oponerse a lo que creen que no es conveniente.

Entre los ejemplos más recientes de esta situación, se puede citar aquello del nombramiento del Vicepresidente de Contratos y Fiscalización, cargo en el que tuvo que designarse a alguien de Villamontes, la protesta de los chapareños que amenazaron con acciones si se trasladaba la Planta de Urea y, ahora, el pronunciamiento de los chaqueños de calificar de “alta traición” la decisión de utilizar los fondos de la planta de polipropileno en destinos más urgentes porque creen que así defienden los “altos intereses de la patria”.

Es difícil de explicar la inacción del Gobierno de transición, durante sus cuatro primeros meses de gestión, para neutralizar la estructura masista en el sector petrolero, tiempo en que pudo denunciar y esclarecer la situación, porque después se cruzó la pandemia en el camino y dejó las bases de reconstrucción postergadas hasta el próximo año, entre tanto el sector continuará deslizándose por la inescrutable pendiente.

El autor es ingeniero químico y petroquímico