¿Cuál acceso a la información pública?

Hace un mes, el ministro de Justicia Iván Lima anunció que tenía redactado un proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública; Bolivia y Venezuela son los únicos países de la región que no cuentan con ese instrumento de prevención de la corrupción. Hasta este año, sólo existe un decreto aprobado en 2005 y algunas normas fragmentadas, el proyecto presentado por la Asociación de Periodistas ante la Asamblea Legislativa y un nuevo proyecto propuesto por la bancada de Comunidad Ciudadana. Lima anunció plazos que no pudo cumplir.

La única instancia estatal que cuenta en el país con una ley aprobada, reglamentos, y acciones es el gobierno autónomo municipal de La Paz que durante la administración de Luis Revilla creó y alentó un gobierno electrónico accesible al ciudadano y con gran cantidad de información sobre la gestión pública. Otros municipios también avanzaron en la apertura de la información al público. Félix Patzi instruyó a su equipo preparar los necesarios protocolos para el pleno acceso público a la información interna en la gobernación paceña, aún sin completar.

El gobierno central del Estado Plurinacional de Bolivia no se interesó por alentar la normativa para acceder a la información pública, más allá de discursos y de mal uso de propuestas de la sociedad civil. En 14 años, a través de la verificación de portales oficiales, las entidades de la prensa comprobaron que el acceso a la información era escaso o nulo, retrasado e incompleto. Esta situación empeoró a medida que el régimen se volvía más opaco y optaba por salidas no democráticas.

En esta semana de marzo 2021, al revisar las páginas oficiales se detecta más retroceso en el gobierno electrónico y en las iniciativas de transparencia institucional que comenzaron hace dos décadas.

El Ministerio de la Presidencia se abre con la imagen de una deformada cruz chacana y noticias de esa cartera y de su autoridad. No existe información sobre sus planes estratégicos, su plan anual, las convocatorias para recursos humanos o servicios, las auditorías realizadas. Hay enlaces a la UPRE que tiene información pasada o a Agetic que contiene generalidades; esa instancia fue denunciada como parte de las irregularidades en las elecciones de 2019 pero no existe ningún proceso a su ejecutivo. El organigrama y otra documentación datan de marzo de 2020.

El Ministerio de Gobierno tiene algunas noticias, una gran foto de su titular, pero el resto está vacío, por ejemplo, la escala salarial. El Ministerio de Educación presenta convocatorias de hace un año y la escala salarial firmada en 2018 por el anterior ministro; también el presupuesto es de 2020. El Ministerio de Justicia presenta un portal más ordenado, pero las convocatorias son caducas y el Plan Estratégico es de 2019. Es decir, ni siquiera se cumple con la Ley Safco y la CPE. Desde octubre de 2020 no se incluye información de interés para el ciudadano. Piedra libre.

La Contraloría General del Estado ofrece un portal institucionalizado, mantiene el escudo nacional como entidad oficial y tiene una amplia oferta. Sin embargo, ha retrocedido de la apertura que tuvo hace 20 años –cuando era independiente– y no existe la facilidad de años pasados para rastrear auditorías realizadas.

El Ministerio de Cultura, Descolonización y Despatriarcalización, tres meses después de la posesión de su titular, no tiene en su página web más que la foto de la ministra. No existe posibilidad de conocer sus planes, proyectos, cómo contrata al personal.

Otra señal de la ausencia de institucionalización en el extraviado gobierno de Luis Arce Catacora.

La autora es periodista