El camino a una gran impostura

En atención a que es necesario proceder prontamente a la reforma parcial de la Constitución para liberar al Poder Judicial de su condición de entidad subordinada a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, periódicamente en esta columna se insistirá en lo imperativo de ese propósito.

El proceder así es imprescindible, porque ante la actitud del verdadero gobernante de encubrir su comportamiento autocrático con apariencia democrática, es esencial poner en marcha la indicada propuesta de reforma parcial de la Constitución por iniciativa popular. Para ese efecto se requiere elevar a la Asamblea Legislativa un petitorio con la firma de un veinte por ciento del electorado.

Entre tanto, mientras se demora el inicio de ese proyecto, el maquiavélico plan de presentar a Jeanine Áñez como asaltante de la función de gobierno está ligado a un plan consistente en declarar luego válido el acto electoral del año 2019 que la OEA declaró nulo por fraude.

Ese plan comenzó a ejecutarse con la decisión asumida por el Fiscal General del Estado, quien, al término de la etapa preparatoria del proceso penal por comisión del delito de fraude electoral, dispuso el rechazo de la denuncia que dio origen a la correspondiente fase de investigación. Luego, algunos de los vocales del Tribunal Electoral del año 2019 anunciaron que enjuiciarán a quienes los sindicaron como autores de esos hechos delictivos.

Después, digerida esa píldora venenosa por quienes ocupan el mayor número de curules en el seno de la Asamblea Legislativa, ellos cancelarán al actual Órgano Electoral y repondrán en su reemplazo a los vigentes el año 2019. Los así reacomodados, declararán electos el año 2019 a los candidatos Evo Morales y Álvaro García para las funciones de presidente y vicepresidente del Estado Plurinacional.

Ante esa declaración, la Asamblea Legislativa declarará sin valor alguno el acto electoral del año 2020 y proclamará como cabezas del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo a los mencionados ciudadanos, pasando en consecuencia a Luis Arce y a David Choquehuanca al cajón de juguetes desechados..

Ese tortuoso proyecto está acompañado, en el marco internacional, con la intención de algunos de los países de género despótico, de retirarse de la Organización de Estados Americanos, y rechazar las reglas sobre respeto a los derechos humanos establecidas en la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El autor es abogado