El control presupuestario

El Presupuesto General del Estado, gestión 2022, tenía que ser motivo de un gran debate en la Asamblea Legislativa para conocer, con la mayor aproximación posible, cuáles son los ingresos que tiene previstos el Gobierno, los gastos, las proyecciones, la salud de la economía, entre otras particularidades. Este instrumento gubernamental permite conocer, también, las inversiones estatales, el crecimiento y comportamiento proyectado, el fantasma del déficit, la estabilidad económica, etc.

Se trata del plan anual de gestión y administración de ingresos y gastos públicos, que proyecta el Ejecutivo y aprueba el Legislativo. Y si bien el control presupuestario no supone la otrora batalla de las batallas antes de fin de año, para evitar poner en riesgo la maquinaria estatal se ha simplificado el procedimiento de modo que, recibido el proyecto de ley, debe ser considerado en la Asamblea Legislativa dentro del término de sesenta días y, en caso de no ser aprobado dentro de este plazo, el proyecto se declara aprobado (Art. 158.11 CPE).

El Presupuesto encarna un sistema de control de los ingresos y gastos públicos, cuya elaboración y ejecución monopoliza el Gobierno y cuyo control y fiscalización corresponde a la Asamblea Legislativa. Tiene una relevancia política obvia porque permite conocer cuál será la proyección y priorización de las políticas públicas. Está fuera de toda duda la vital importancia de la política económica, pues a través de ella se puede llegar a incidir sobre todas las esferas de la vida social, y es obvio que toda política económica requiere de medios y recursos económico-financieros para poder cumplir las promesas electorales.

El proyecto presupuestario contiene un determinado plan de acción gubernamental para un concreto período de tiempo. Y es el instrumento perfecto que tiene el Gobierno para concentrar (o democratizar) el poder político y económico, máxime cuando administra y dispone más del 80% del total de los ingresos programados y el saldo se distribuye entre unas 360 instituciones autónomas (gobernaciones, alcaldías municipales, universidades públicas, comunidades indígenas). Es totalmente centralista en lo referente a la distribución de los fondos porque la parte del león (la más grande) se queda con el gobierno central y sólo una pequeña parte va a las regiones y universidades.

Es una ley que tiene notables singularidades tanto en su tramitación como en su contenido. La iniciativa corresponde sólo al Gobierno, por lo que no rige, respecto de esta norma, la iniciativa legislativa parlamentaria. No puede crear tributos, aunque puede modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea. En cuanto a la duración, la ley de Presupuesto tiene limitada su eficacia al período de un año.

En el plano operativo el proyectado presupuesto 2022 planea gastar, según el economista Antonio Saravia, Bs. 235.090 millones, que representan el 90% de nuestro producto interno bruto (PIB). Es decir, un monto equivalente a casi toda la producción nacional de este año. Tener un gobierno tan grande produce al menos tres problemas fundamentales. El primero es que toda esa plata tiene que salir de algún lado y por tanto aumentará el déficit. Venimos de ocho años de déficits fiscales consecutivos a un promedio de 7,8% del PIB y el 2022 no será la excepción. El segundo problema es que genera una burocracia también enorme y un calvario de trámites con los que se sigue torturando a los agentes privados. El tercer problema es que un gobierno enorme tiene una influencia también enorme sobre la economía.

El Presupuesto asume que nuestro producto interno crecerá en 2022 a una tasa de 5,1% cuando los organismos internacionales como la Cepal o el Banco Mundial esperan solo una tasa de 3,5%. Con esta proyección el Gobierno decide qué hacemos y cómo administramos nuestros recursos económicos, cada vez más exiguos no sólo por los efectos perversos de la pandemia sino también por la baja sistemática de las exportaciones de nuestras materias primas.

El autor es jurista y ha escrito varios libros