Democracia, 40 años después

La democracia no es sólo un sistema de gobierno, sino una forma de vida. A veces nos confundimos y creemos que la democracia es sólo cuestión de los políticos y que la ciudadanía poco o nada tiene que ver con las decisiones. Tal vez por ese error es que la mayoría de los políticos son abiertamente demócratas para llegar al poder, más o menos arbitrarios cuando lo ejercen y, en algunos casos, autoritarios e intolerantes cuando tienen que irse.

Bolivia tuvo de todo en estos 40 años desde que se estableció el primer régimen democrático el 10 de octubre de 1982. El doctor Hernán Siles llegó a la presidencia después de varios años de indefinición e inestabilidad. Eran tiempos en que no bastaba con ganar en las urnas, porque no faltaba el militar – o las mafias uniformadas al estilo de García Meza y los suyos – que pidiera un turno en el juego del poder sencillamente porque el pasado había sido cosa de apetitos y no de instituciones.

El gobierno de Hernán Siles fue el del estallido de la esperanza. Después de largos años de dictadura y silencio, las voces de las demandas acumuladas finalmente encontraron un cauce para expresarse en un todavía incierto e inestable escenario nacional. Antes que se restableciera plenamente el ordenamiento institucional y se creara una nueva estructura administrativa eficiente, la sociedad, sin quererlo, apostó por una suerte de caos originario a partir del cual comenzaría a gestarse algo que se pareciera al orden.

Por eso, la evaluación inmediata no fue justa con Siles Zuazo. Los pobres porque la democracia no les sació el apetito, las clases medias porque asomaron a la orilla de la pobreza y los ricos porque perdieron los privilegios de los que habían gozado en tiempos en los que se gobernaba casi estrictamente por encargo y para ellos.

Para remate, las tendencias económicas globales, sobre todo los precios internacionales de las materias primas, no acompañaron y la economía se desmoronó a la par que la ilusión democrática. A riesgo de caer en una síntesis apresurada, habrá que decir que el gobierno de entonces hizo un doloroso sacrificio para viabilizar la transición y contrarrestar la “nostalgia” militarista.  El tránsito de una cultura autoritaria, que había condicionado la conducta de la sociedad durante largos años, a una cultura democrático no era tan simple.

Por eso, es ingrato recordar a la UDP sólo como sinónimo de crisis e hiperinflación – aunque se haya vivido con intensidad esa turbulencia - y no como el punto de partida de una nueva manera de entendernos como sociedad.

Si a Hernán Siles le tocó administrar la intangibilidad de la protesta muchas veces irracional, a Víctor Paz le correspondió trabajar con la evidencia de los datos. Inflación récord, recesión, déficit fiscal y un modelo de desarrollo en agonía lo obligaron a tomar decisiones duras, pero entonces absolutamente necesarias. Siles había bregado con las emociones desbordadas. Paz Estenssoro con urgencias más racionales.

La democracia del ajuste económico abarcó más de un período constitucional. De hecho, la estabilidad fue la preocupación más importante en la agenda de sucesivos gobiernos, que compartieron la narrativa del “miedo a la UDP/inflación” para justificar la mayoría de sus decisiones, especialmente las relativas a los despidos, los incrementos salariales y la necesidad de achicar el Estado. Pobreza o miseria, dura disyuntiva la de esos tiempos.

Una derecha desmilitarizada y una izquierda ya desarmada sumaron fuerzas para hacer presidente a Jaime Paz Zamora el 6 de agosto de 1989. Alguien acuñó la frase “cruzar ríos de sangre” para describir la alianza entre el MIR (Movimiento de la Izquierda Revolucionaria) y Acción Democrática Nacionalista (ADN), pero no son pocos los que advirtieron en ese acuerdo el anticipado fin de una guerra fría local, que tendría su expresión definitiva y global tres meses después, el 9 de noviembre de ese mismo año, con la caída del simbólico Muro de Berlín.

Las primeras décadas de la democracia se habían construido sobre la resistencia de la población. Parecía que el horizonte de bienestar no quedaba muy lejos y que se había elegido el camino correcto. De hecho, los principales indicadores sociales registraban mejoras, aunque no lo suficientes como para atenuar las primeras manifestaciones de impaciencia social.

El primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada fue el de la profundización de las reformas que se habían insinuado antes, algo así como los cimientos sobre los que se iba a construir la Bolivia moderna: una economía más competitiva, sostenible y sin las distorsiones perniciosas de la abrumadora presencia del Estado, los ingresos mejor distribuidos, la sociedad con mejor educación y aparentemente más empoderada, entre otros cambios de fondo. Era como poner las virtudes del país en una nueva vitrina, aunque el tema de la inclusión social quedaba en la trastienda como algo pendiente y potencialmente peligroso.

La gestión de Hugo Banzer Suarez-Jorge Quiroga (1997-2002) tuvo dos caras. Desde el punto de vista económico estuvo marcada por la suscripción de los contratos de compraventa de gas al Brasil, que junto al proceso de capitalización previa de YPFB impulsado por el gobierno de Sánchez de Lozada y la Ley de Hidrocarburos aprobada por el Congreso presidido por Hormando Vaca Diez en 2005 fueron determinantes para que la nacionalización de 2006 diera lugar al período más prolongado de altos ingresos por la venta de una materia prima.

Paradójicamente, de manera simultánea a la consolidación de una perspectiva alentadora de futuro asociada a la era del gas, el gobierno de Banzer representó el fin de un ciclo y el inicio del período de crisis de representación irreversible del sistema de partidos políticos que habían construido su tradición “tradición” desde 1982.

Cosas del destino, con la muerte de Víctor Paz en 2001 y la de Banzer en mayo de 2002, comenzaba a desaparecer un modelo de gobernabilidad que había dado ya señales de agotamiento a partir del año 2000. La parálisis estatal frente a la “guerra del agua” en abril de ese año y ante las movilizaciones indígenas en el altiplano paceño en octubre fueron, para decirlo en términos algo tráficos, el principio del fin.

Aunque desde un punto de vista formal hubo cuatro gobiernos sucesivos hasta el año 2006 – Quiroga, Sánchez de Lozada, Mesa y Rodríguez Veltzé – en realidad fueron los movimientos sociales, sobre todo urbanos, los que orientaron caprichosamente la brújula política en ese período hasta llegar a un inédito desenlace electoral en diciembre de 2005, que corroboró a través del voto la orientación de las aspiraciones de la mayoría de los votantes en el país.

Con alguna forma de patética resistencia de círculos de poder que veían disminuir aceleradamente su influencia, el gobierno de Evo Morales, a diferencia de los otros gobiernos democráticos, nació con la fuerza simbólica de la inclusión de lo indígena través de la imagen del liderazgo del presidente, la expectativa de un cambio radical en la forma de gestionar el Estado y una enorme cantidad de recursos para poder concretar las transformaciones.  Casi una carta blanca en un tiempo crítico.

Más allá de la controversia sobre el verdadero alcance de los cambios y sus resultados – un tema sobre el que no se ha debatido quizá lo suficiente -, lo que dejó la administración de Morales fue un profundo deterioro democrático. Fue, para arriesgar una reflexión, una suerte de retorno al autoritarismo previo a 1982, con el pretexto de gobernar para unas mayorías sin rostro, que por cierto tampoco habían sido incluidas en el pasado, pero que por lo menos se sentían más identificadas con una narrativa de reivindicación que ubicaba a los pobres y discriminados en el supuesto centro de las preocupaciones gubernamentales.

La construcción de una simbología, de un decorado de fondo en el que prevalecían las referencias a lo indígena, de una ritualidad de regreso a los orígenes y de valores aparentemente anclados en la filosofía y cosmovisión aimara y quechua permitieron a la gestión de Morales proclamar que era, sobre todo, un gobierno de indios, con la legitimidad necesaria para decir que había llegado la hora de los que, siendo los dueños originales del país, habían sido desplazados desde siempre en la toma de decisiones. Este discurso tuvo un efecto conmovedor en las áreas rurales andinas y vallunas, pero también en la periferia de los centros urbanos donde estaban radicados los herederos históricos de esas culturas.

En un escenario como el descrito, donde las reivindicaciones sociales y étnicas habían reemplazado a las político-democráticas, mencionar las libertades, el respeto a la independencia de poderes y a la propiedad privada u otros derechos más intangibles era sostener un argumento fallido para una mayoría que sentía llegado por fin su momento de ser protagonista. De ahí la falta de eficacia de las narrativas de oposición en sucesivos procesos electorales en los que el MAS ganó por mayoría.

La distinción entre una democracia representativa y otra participativa fue el argumento utilizado por Evo Morales para establecer una falsa relación entre cada forma democrática con un modelo diferente de gestión de la económica: neoliberalismo y socialismo, respectivamente. Con ello, dejaba abierta la posibilidad de asignar nuevos significados a antiguas categorías y valores, y de erosionar la institucionalidad con el pretexto de adecuarla/someterla a un nuevo Estado en el que el caudillo era la figura predominante y su permanencia en el poder -reelección tras reelección-, a cualquier precio, el objetivo principal.

Cuando las instituciones se acomodan a los caprichos de los caudillos la democracia se debilita, se instala el autoritarismo, la imposición de las “mayorías” suprime toda forma de consenso y el reclamo o la crítica se entienden como comportamientos conspirativos que deben ser perseguidos y castigados.

40 años después, la recuperación de la democracia es nuevamente una tarea pendiente, como lo es la lucha por otras causas que aparecieron en el camino durante casi medio siglo. Hace falta, quizá, construir una nueva manera de decir las cosas, de manera tal que el discurso sirva tanto para reivindicar el derecho que tenemos todos a vivir en paz, diálogo y tolerancia, como para preservar y profundizar la inclusión de amplios sectores que en el pasado tenían voto, pero no voz en la definición del rumbo del país.