Un Estado cómplice

El riesgo es muy grande. Los tentáculos del narcotráfico se extienden en todas las direcciones en Bolivia. El caso de Boliviana de Aviación (BoA), que transportó en uno de sus aviones cerca de media tonelada de cocaína hacia Europa, solo revela que existe una muy bien montada red de protección que facilita las actividades ilícitas desde los principales aeropuertos del país.

Mientras en las salas de migración agentes de la Felcn revisan a veces con excesivo celo el equipaje de mano de los pasajeros, en las bodegas de los aviones todos se hacen de la vista gorda.

El problema es que la actitud negligente y cómplice de algunas autoridades en el país ha provocado que las fuerzas antidrogas de otras partes del mundo ya no compartan información con sus pares bolivianas, porque existe el peligro de que se frustren operativos, como el que llevó a la incautación del cargamento de cocaína en España.

La mala fama de la policía local y la percepción que existe sobre el manejo de un tema tan delicado, como el de la lucha antidrogas parecen haber dejado a Bolivia nuevamente fuera del circuito que combate efectivamente el narcotráfico. Con seguridad en los puntos fronterizos, las agencias de los países vecinos optaron por ejecutar acciones sin que se enteren del otro lado.

La intercepción de vuelos cargados de droga desde Bolivia hacia Perú y Brasil se ha convertido prácticamente en una rutina. Es un problema de toneladas, no de gramos y en la mayor parte de los casos no existe o por lo menos no se sabe del seguimiento que se realiza para dar con el punto donde se fabrica la droga o con la identificación de cada uno de los eslabones de la cadena de responsables.

En otras épocas, el narcotráfico tenía nombre y apellido, como el del mítico Roberto Suárez, por ejemplo, cuya imagen llegó incluso al cine estadounidense o el de otros personajes, los famosos narcoarrepentidos de principios de la década de los 90, que aprovecharon de las debilidades estructurales de la Policía para acumular fortunas y convertirse en leyendas en sus poblaciones de nacimiento.

Eran tiempos de los narcovideos, en los que, acaso por primera vez, la política se acercaba al delito y viceversa, un tejido de sospechas y vínculos que contaminó las campañas electorales y en determinado momento se convirtió en un “arma” para destruir al adversario con base en solo sospechas.

Otro de los hechos “históricos”, por llamarlo de alguna manera —el más parecido quizá al que destapó la red de funcionarios de BOA— fue el del narco-avión, que en septiembre de 1995 fue encontrado por la DEA en el aeropuerto de Lima, con cuatro toneladas de cocaína camuflada en muebles de mimbre de exportación.

De ese capítulo solo se conoce un nombre, el de Luis Amado Pacheco, alias Barbas Chocas, quien luego de cumplir parte de su condena murió misteriosamente, electrocutado y con golpes en la cabeza luego de caer de una silla mientras cambiaba un foco en su domicilio.

En los años 90 la lucha contra las drogas tuvo un giro, resultado de las presiones estadounidenses. Se priorizó la erradicación de la hoja de coca ilegal, sobre la interdicción, tal vez sin considerar que aquello iba a ser el detonador de un paulatino cambio en la correlación de las fuerzas políticas en el país.

La estrategia tropezó con la resistencia de los cocaleros, sobre todo en zonas de cultivos no permitidos, como el trópico de Cochabamba, y el debate transitó rápidamente hacia una cuestión de soberanía frente a las imposiciones del “imperio”, lo que daría lugar a la consolidación del liderazgo de Evo Morales como una de las principales figuras de oposición al modelo vigente hasta entonces, y la posterior conformación del Movimiento Al Socialismo, con los cocaleros como la principal fuerza sindical y política de recambio.

Es desde el 22 de enero de 2006, hace más de 17 años, que la erradicación y la interdicción al narcotráfico son manejadas bajo una línea definida, paradójicamente, desde el movimiento que se opuso y todavía se opone a la eliminación de cultivos ilegales.

Se trata de una estrategia diseñada sin presiones de afuera, pero con evidentes riesgos internos, que se manifiestan en episodios como el de BoA u otros, innumerables casos, en los que presuntamente los responsables materiales —falta saber de autores intelectuales— parecen haber contado con “ayuda” en diferentes niveles para poder producir y transportar la droga sin controles muy estrictos y, a cambio, de una parte del botín.

No es una época de grandes “capos”, sino de operadores que actúan, como sucedió con Boliviana de Aviación, desde dentro o cerca de instituciones públicas, que se articulan de diferentes maneras para facilitar la consumación del delito, evitar una investigación profunda e influir sobre la justicia, lo que da lugar a la peligrosa conformación de un Estado cómplice.