Bloqueos: suman pedidos para detener a más dirigentes; sectores los defienden
Mientras algunos sectores exigen que más personas sean procesadas por los bloqueos,dirigentes de organizaciones sociales defienden a sus líderes porque no actúan por cuenta propia, si no responden a las bases.
Tras la detención por 180 días de Vicente Salazar, acusado de promover los bloqueos durante 53 días, ahora el Comité Cívico pro Santa Cruz pide que el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y el vicepresidente Evo Morales deben ser también aprehendidos y procesados, al igual que el ejecutivo de la Tupac Katari.
Según el dirigente cívico, Agustín Zambrana, Salazar sería “un peón más” dentro de la estructura que lideró los bloqueos entre mayo y junio.
El lunes el fiscal que investiga el caso dijo que existen al menos seis personas vinculadas a la investigación por los bloqueos; sin embargo, entre ellas no figuran Morales ni Argollo.
Al pedido de detenciones se suman algunos diputados como el yungueño Armin Lluta (Libre).
“En el caso de Evo Morales tienen que detenerlo, él tiene que pagar toda esta situación que ha causado, bastante daño ha hecho, lo mismo el señor (Mario) Argollo; tienen que responder, tienen que ser detenidos”, dijo Lluta.
El diputado Manolo Rojas (PDC) recordó que “respecto al ‘acta de pacificación’ se ha revisado caso por caso, así se ha pactado entre el Gobierno y los movilizados, y no alcanzan al señor Vicente Salazar y a otros personajes nefastos para estos bloqueos que ha habido en Bolivia”, dijo.
Hasta el momento, según las versiones del propio Gobierno, existen varias personas que están siendo buscadas, todos dirigentes que estuvieron al frente de las movilizaciones en distintos departamentos.
Defensa
El dirigente de la Comisión de Justicia de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Severo Marca, defendió a Vicente Salazar.
“Los dirigentes no tenemos la culpa. Nosotros solamente cumplimos la decisión del pueblo afirmó Marca a Erbol.
Según el dirigente, las medidas de presión fueron determinadas por las bases en ampliados y los dirigentes únicamente ejecutaron esos mandatos. Añadió que el descontento surgió porque, a su juicio, el Gobierno incumplió compromisos asumidos con las 20 provincias y no atendió sus demandas.
Por su parte, el ejecutivo de la Central Obrera de Tarija, Jaime Ortiz, cuestionó la posible orden de aprehensión contra Argollo y la detención de Salazar al considerar que ambos casos forman parte de una persecución política contra líderes sindicales.
Ortiz afirmó que estas acciones judiciales llegan en un momento en que el país necesita avanzar hacia la pacificación y el diálogo, por lo que advirtió que procesar a dirigentes no contribuirá a resolver la crisis.
