Protestas que vulneran derechos ciudadanos
Dos casos de retención forzada de personas, entre ellas autoridades estatales, sucedidos esta semana llaman la atención acerca de la facilidad con la que bolivianos de a pie, sin intenciones dolosas, vulneran los derechos de sus conciudadanos.
El hecho de que esos actos —motivados por intereses colectivos, lo que no impide que puedan ser considerados como delitos— hayan sido dirigidos de manera específica contra altos funcionarios del Gobierno y representantes departamentales electos suscita reflexiones acerca del desgaste de la capacidad de diálogo y la exacerbación de la desconfianza ciudadana respecto de las instancias estatales.
El primero ocurrió el lunes último en Guayaramerín, Beni, donde pobladores de esa ciudad fronteriza con Brasil retuvieron varias horas a un ministro y dos viceministros que estaban reunidos con representantes cívicos locales tratando el tema de un puente cuya demora en su construcción es atribuida al Gobierno boliviano.
“Estamos secuestrados por la gente”, declaraba entonces el Viceministro de Transportes a los periodistas, retenidos en el mismo lugar, y advertía que “retener a las personas contra su voluntad es un delito”.
Una situación similar se produjo el jueves, en la Gobernación y la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba, cuyas instalaciones fueron sitiadas por comunarios de Cotapachi que impidieron durante más de nueve horas el ingreso o salida de personas.
Ellos reclamaban una respuesta a su demanda de asfaltado de una vía que pasa por el lugar donde viven y genera nubes de polvo al ser utilizada por los vehículos como alternativa de circulación cuando otras avenidas están bloqueadas.
En ambos casos, las medidas de presión de quienes demandaban satisfacción a sus reclamos afectaron a ciudadanos ajenos al problema y que se encontraban en los recintos intervenidos por razones de trabajo, como los periodistas, o debido a la necesidad de realizar trámites.
Las medidas de presión no tuvieron mayores consecuencias y terminaron de manera pacífica —como otras similares anteriores cuya lista seguramente sería larga— sin mayor consideración a los perjuicios sufridos por quienes estuvieron retenidos contra su voluntad.
Y quienes ocuparon los recintos bloqueando sus accesos volvieron a sus casas sin más trámite ni cuestionamiento.
Esa “normalidad” con la que se viven en el país intervenciones colectivas que coartan derechos ciudadanos, como la libre circulación o la libertad personal, es un síntoma inequívoco de la precaria vigencia del imperio de la ley y de la capacidad de las instancias estatales para dialogar de manera satisfactoria con la población.
