Juegos de poder

La mayoría de los líderes políticos aplaudieron la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que establece que la reelección presidencial indefinida no existe y tampoco es un derecho humano. La decisión implica que ningún boliviano puede ser presidente por más de dos período continuos o discontinuos.

 

Para resumir: Evo Morales no podría aspirar más a ser presidente, lo que significaría que uno de los importantes competidores de futuros procesos electorales queda fuera de carrera o, dicho de otro modo, que un tercio del electorado —el que más o menos expresa su intención de votar por Morales en las encuestas— tendría que mirar hacia otra parte. El sentido común diría que esa otra parte es directamente Luis Arce, pero la transferencia del voto no siempre es tan predecible y otros candidatos, sobre todo los que son identificados en el centro político —Carlos Mesa— podrían ser receptores de un caudal inesperado.

Parecería, sin embargo, que la apurada sentencia del TCP —que aplica los resultados de la opinión consultiva presentada en 2019 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que tarde, pero llega— reconoce indirectamente el fallo popular contrario a la reelección del referéndum de 2016, y tiene un beneficiario directo: Luis Arce, quien quedaría así con el camino libre para convertirse en el próximo candidato del MAS para las elecciones de 2025, siempre y cuando otros aspirantes, Andrónico Rodríguez entre ellos, no se crucen en el camino animados por un Evo Morales en repliegue, pero con cierto control sobre las bases sociales.

 

Si se observan las tendencias desde los resultados de varias encuestas recientes, se advierte que la suma de la intención de voto de Luis Arce y la de Evo Morales representa aproximadamente un tercio (31%), en tanto que la del líder opositor mejor ubicado, Carlos Mesa, llega apenas al 14%. Las perspectivas de crecimiento del voto de Arce son mayores, porque su techo de aprobación llega al 39%, mientras que el de Morales y Mesa no pasa del 28% y el 17%, respectivamente. Eso, dejando fuera, claro, al candidato “nuevo” por el que se inclina un porcentaje importante de los votantes.

 

Desprestigiados por su sometimiento absoluto al poder político, pero sobre todo por su decisión de prorrogar su mandato más allá de los límites constitucionales, los tribunos del TCP intentan lavarse la cara con una sentencia que satisface lo mismo a oficialistas que a opositores, y que deja como única “victima” a un líder que ya gobernó el país durante casi 14 años y que estuvo a punto de hacerlo por casi 20, de no haber sido por la gesta social que lo empujó a la renuncia.

 

Que la sentencia satisfaga a todos no esconde el hecho de que el Tribunal Constitucional se arroga la facultad de modificar a pedido la Constitución vigente —que contemplaba la reelección discontinua— simplemente para acatar una orden política, lo que entraña el riesgo de que, como viene ocurriendo desde hace años, la CPE sea solo un papel que puede ser modificado al antojo de quienes ejercen el poder con fines de prórroga o, peor, para “legalizar” la dictadura en Bolivia, tal y como ocurre en Venezuela, Nicaragua u otros países de la órbita populista de “izquierda”.

 

En lugar de aplaudir y/o celebrar una sentencia que, finalmente, elimina a Evo Morales, la oposición y otras instancias que expresan a la sociedad, deberían advertir lo que se traen entre manos los que gestaron un fallo del TCP que debe ser interpretado en realidad como un movimiento más de los juegos de poder.