La reelección y el caudillismo

Columna
Publicado el 08/01/2024

La sentencia constitucional 1010/2023 de 28 de diciembre no solo elimina la reelección presidencial y vicepresidencial indefinida (que ha prevalecido con cierta intermitencia en Bolivia y Latinoamérica), sino también busca erradicar el caudillismo político e imponer la renovación y oxigenación oportuna de los partidos políticos y las agrupaciones ciudadanas.

El Tribunal Constitucional Plurinacional interpreta que el periodo de cinco años del presidente y vicepresidente del Estado boliviano puede extenderse a otro periodo similar de manera continua, e impide volver a candidatear y menos ejercer dichas funciones por un tercer periodo. Ello porque no existe derecho absoluto a la postulación indefinida y su prohibición es compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Carta Democrática Interamericana.

La reelección indefinida evita la alternancia en el poder, así como el funcionamiento idóneo del sistema de frenos y contrapesos. El constituyente ha diseñado la reelección por una sola vez, continua o dos discontinuas, para evitar el anquilosamiento de la sociedad.

Lo evidente es que la reelección presidencial y el caudillismo forman parte del ADN de la mayoría de los gobernantes latinoamericanos, especialmente de los representantes del socialismo del siglo XXI. Ni bien han trepado al poder —salvo “Pepe” Mujica del Uruguay— han buscado la forma de perpetuarse en el gobierno, cambiando las reglas democráticas que les permitieron llegar al poder. Todo con el supremo objetivo de obtener el poder, pero no cualquier tipo de poder, sino el poder total y absoluto, al estilo del que detentan y practican sus mentores de Cuba y Venezuela.

En contra de la sana costumbre de que el gobernante elegido renunciaba a la jefatura de su partido político para convertirse en el “primer mandatario de todos los bolivianos”, Evo Morales no sólo que no dejó de ser el máximo dirigentes de la Federación de cocaleros del trópico cochabambino, sino que buscaba la reelección indefinida, bloqueando así la posibilidad de nuevos liderazgos y respeto por las reglas democráticas.

El “proceso de cambio” que enarbola el MAS no ha cambiado nada la centenaria organización “colonial”, “centralista” y “presidencialista” del Órgano Ejecutivo, donde su figura encarnaba el poder total e imponía su voluntad (Evo Morales se confiesa: “yo le meto no más, aunque sea ilegal y después que vengan y arreglen los abogados”). 

El Estado constitucional de derecho exige, en cambio, sumisión total y absoluta del poder político (y del presidente del Estado en primer lugar), a la Constitución que fija la estructura y las atribuciones de los órganos del Estado. Sin embargo, cuando se busca, a cualquier precio, la reelección presidencial no sólo se perfora la Constitución, los convenios y pactos internacionales sino también se vulnera una serie de valores y principios, que son imprescindibles para la convivencia ciudadana.

El mayor desafío es que se imponga el imperio de la Constitución (y no la voluntad del presidente), y se cambie el gobierno de las personas por el gobierno de la ley fundamental. Mientras no se erradique este viejo sistema político (presidencialista, autoritario y caudillista) y su pesada carga ideológica y cultural, toda la salud democrática e institucional dependerá del presidente del Estado. 

La reelección presidencial genera el caudillismo, que viene a ser uno de los mayúsculos problemas políticos de Bolivia y los países de nuestro entorno. Todo gobernante que se prolonga en el cargo —aunque lo niegue—, termina convertido en un verdadero caudillo, que se obsesiona con el poder y pierde el rumbo de la historia. ¿Qué se puede esperar de un hombre “endiosado” a quien le hacen creer continuamente que él es todo y los otros no son nada? ¿Qué se puede esperar del Gobierno que no respeta la sabia teoría de la separación de poderes, ni admite transparentar la administración del Estado, menos algún tipo de control real?

La reelección presidencial genera el caudillismo y las condiciones para la degradación del sistema constitucional y fomenta la corrupción política, que se encarga de florecer en la oscuridad del totalitarismo, del autoritarismo, del populismo, regímenes que limitan el poder a unos pocos sin tener que rendir cuentas al pueblo.

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