¿100 días, carajo?: Bolivia no se repara a plazo fijo

La crisis no se resuelve con intereses a plazo fijo, sino con ahorro de confianza, transparencia y por cuotas, sin intereses pero con seguridad jurídica.

En Bolivia hemos convertido el plazo en doctrina y el ultimátum en método de gobierno. La política dejó de ser construcción paciente de consensos para transformarse en una carrera contra relojes artificiales: 48 horas para aprobar una ley, 72 horas para abrogar un decreto, 24 horas para que renuncie. ¿100 días para salvar la economía?

El masismo creó este sambito —esa liturgia de la amenaza pública— donde si no se resuelve “esto o lo otro”, vienen las medidas, el bloqueo, el cerco, la presión y la extorsión. Se institucionalizó la política del plazo, de la advertencia altisonante y del ultimátum permanente. En este país gobernar pasó a ser administrar tensiones con cronómetro en mano.

En Bolivia, los “100 días” se han convertido en una unidad de medida política más precisa que el kilo de harina subvencionada y más elástica que el tipo de cambio paralelo.

Cada cierto tiempo, un líder promete que en ese lapso bíblico —ni muy corto para parecer improvisado, ni muy largo para perder la paciencia popular— se resolverán los males estructurales del país.

Ahora, con los primeros 100 días de Gobierno del presidente Rodrigo Paz, la tradición vuelve a escena, inevitablemente comparada con la promesa demagógica de Samuel Doria Medina, quien aseguró que en sus primeros 100 días, carajo, el gran problema económico de Bolivia estaría resuelto en un santiamén.

Y, en un eco histórico más dramático, con los célebres 100 días que prometió el expresidente Hernán Siles Zuazo en los turbulentos años 80. La pregunta es tan seductora como peligrosa: ¿puede un país desarmado institucionalmente, agotado fiscalmente y fracturado políticamente recomponerse en 100 días?

La fascinación no es boliviana. Viene de la historia política moderna, donde los primeros 100 días de un gobierno se presentan como prueba de carácter, rumbo y liderazgo.

Pero en Bolivia el concepto ha adquirido un matiz casi mágico: los 100 días como ritual de purificación nacional. Cuando Hernán Siles Zuazo asumió en 1982, heredó una economía devastada por dictaduras, déficit fiscal crónico y un aparato productivo frágil. Su gobierno enfrentó la hiperinflación más severa de la historia boliviana.

No hubo milagro en 100 días. De hecho, la crisis se agravó. La lección fue brutal: los desequilibrios acumulados no se disuelven por voluntad política ni por retórica reformista.

Décadas después, la promesa de Samuel Doria Medina retomó esa idea con un tono empresarial: gestión eficiente, decisiones rápidas, shock de confianza.

Resolver —o al menos encaminar decisivamente— el problema económico en 100 días, carajo. El planteamiento parte de una premisa implícita: que el problema es técnico, no estructural; administrativo, no histórico. Ahora, al evaluar los 100 días de Rodrigo Paz, el contraste es inevitable.

¿Qué puede mostrar en tan breve lapso un gobierno que recibió un Estado tensionado por veinte años de concentración de poder bajo el masismo, con distorsiones acumuladas en subsidios, empresas públicas deficitarias, justicia politizada y dependencia extrema de recursos naturales?

El MAS gobernó Bolivia durante casi dos décadas, bajo el caudillismo predominante de Evo Morales y luego con Luis Arce. Ese periodo combinó bonanza por precios internacionales altos con un modelo de fuerte intervención estatal, expansión del gasto público y creciente centralización política.

El resultado fue paradójico: reducción inicial de pobreza (ficticio) y “estabilidad macroeconómica” durante el auge, pero con un progresivo deterioro institucional, debilitamiento de pesos y contrapesos, judicialización de la política y una economía cada vez más dependiente de ingresos extraordinarios (gas, minerales, deuda). Cuando el ciclo externo se agotó, quedaron las rigideces.

Pensar que 100 días bastan para reordenar las finanzas públicas, recuperar reservas internacionales, reformar la justicia, restituir confianza empresarial, combatir corrupción estructural y relanzar el crecimiento es, en el mejor de los casos, optimismo temerario; en el peor, marketing político.

Históricamente, los primeros 100 días sirven para tres cosas: señalar dirección, construir credibilidad y tomar decisiones simbólicas y estructurales iniciales. No resuelven el problema; establecen si el gobierno entiendió el problema. En el caso de Rodrigo Paz, el análisis serio no debería preguntarse si “ya arregló la economía”, sino si ha transparentado la magnitud real del déficit, si ha iniciado una reforma institucional creíble, si ha enviado señales claras contra la corrupción y si ha construido consensos mínimos o ha profundizado la polarización.

Si en 100 días se sientan bases coherentes, hay política pública. Si solo hay anuncios y culpables retrospectivos, hay narrativa. La promesa de resolverlo todo en 100 días encierra un peligro mayor: reduce problemas históricos a una ecuación de voluntad.

Bolivia no enfrenta solo una crisis económica; enfrenta una crisis de confianza en sus instituciones, en su justicia, en su clase política. Eso no se repara con decretos acelerados.

Las reformas profundas —fiscales, judiciales, productivas— requieren mayorías políticas, acuerdos sociales, tiempo para absorber costos y una narrativa honesta sobre sacrificios. Ninguna de esas variables se alinea mágicamente en tres meses.

La ironía es que, mientras se prometen soluciones exprés, los problemas son de larga cocción. La economía boliviana no se desordenó en 100 días, ni en 1.000.

Fue el resultado de decisiones pésimas acumuladas durante años de bonanza mal administrada y de una cultura política que privilegia el corto plazo. La historia de Hernán Siles Zuazo demuestra que la voluntad democrática no basta frente a desequilibrios macroeconómicos extremos.

Las promesas de Samuel Doria Medina revelan la tentación tecnocrática de creer que el Estado es una empresa que se reorganiza en un trimestre.

Y los 100 días de Rodrigo Paz deben juzgarse no por milagros inexistentes, sino por la coherencia entre diagnóstico y acción. ¿Se puede arreglar Bolivia en 100 días? No.

Pero sí se puede comenzar a decir la verdad en 100 días. Sí se puede romper con prácticas clientelares. Sí se puede dejar de usar la economía como herramienta electoral. Sí se puede iniciar la reconstrucción institucional.

Lo que no se puede —y la historia boliviana lo prueba con crudeza— es revertir veinte años de distorsiones y despilfarro estructurales en un calendario simbólico. Los 100 días son un examen, no una solución.

El problema de Bolivia no es el reloj. Es la profundidad de las reformas que estamos dispuestos a sostener cuando el entusiasmo inicial desaparece.

El autor es comunicador social