Duda razonable

Después de 50 días de un bloqueo de caminos brutal a cargo de estructuras corporativas que asolaron casi todo el territorio del país exigiendo la renuncia del presidente del Estado, la noche del 19 de junio fue suscrito un documento de acuerdo “para la pacificación y la recuperación del país”, entre el Gobierno y los despojos de la otrora gran Central Obrera Boliviana.

El contenido de ese documento se resume en una aceptación del Gobierno de líneas de conducción del país según las exigencias de los desprestigiados dirigentes cobistas, y de impunidad para todos los sujetos activos de los delitos de lesa humanidad cometidos a lo largo de la aplicación de la medida criminal. Con pérdida de vidas incluida.

Un relevamiento de los precedentes de este desenlace revela que el Gobierno no cesó de convocar al diálogo desde el inicio del conflicto, lo cual llevó a algunos analistas a calificar esa tolerancia de una caída en exceso, con notorio deterioro de su ya esmirriado principio de autoridad por situaciones similares suscitadas en el pasado reciente, aunque no de tan profunda gravedad.

Es justo reconocer que en ese camino, poco a poco algunos conflictos sectoriales fueron desactivados mediante la firma de convenios específicos, por parte del presidente del Estado y sus ministros, bajo cláusulas a través de las cuales se satisfizo, al menos en el texto de los papeles, intereses de toda índole y tamaño. Algunos muy cuestionados.

Según refiere la Agencia Boliviana de Información el 19 de junio: “El Gobierno del presidente Rodrigo Paz logró, en el marco de su política de diálogo, 18 acuerdos con organizaciones, sindicatos y sectores sociales, para atender y solucionar demandas que no fueron atendidas por los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), en 20 años de gestión gubernamental”.

Sobrevino como efecto de esas acciones la paulatina pérdida objetiva de apoyo al bloqueo que, sin embargo, prosiguió gracias a la ingente cantidad de dinero de origen oscuro sospechado, destinado a pagar los “jornales del crimen” en montos de 300 bolivianos, y superiores. Una vez más se manifestó la saña especial contra la sede de gobierno en la ejecución del ataque; pero, asimismo, una vez más el impacto de la violencia instruida desde el refugio del prófugo de la justicia en el Chapare se sintió hasta en el último confín del territorio.

En paralelo, también la intensidad del sufrimiento y la angustia de la gente afectada subió, y aunque la crítica al Gobierno por su desatención al deber constitucional de resguardar los derechos humanos creció, no rebasó los límites plantados por la conciencia acerca de lo que está en juego: la viabilidad del país que solamente puede ser garantizada por la democracia, y la estrategia oscura en marcha en contra de ella, diseñada por los comandantes del crimen organizado en su ruta de reconquista del poder para reinar.

En medio, en cámara lenta, el Gobierno impulsó la sanción de la “Ley de regulación de los estados de excepción” y el Presidente la promulgó el 8 de junio pasado. Era un requisito para la dictación de la medida y esta, para reponer el orden, dado el grado del conflicto. Sin embargo, la población indefensa ante los bloqueos se quedó esperando que se la ponga en vigencia.

La noche del 19 de junio, en vez del decreto de estado de excepción tan esperado, se firmó el acuerdo “para la pacificación y la recuperación del país” entre el Presidente y uno de los principales operadores de la embestida contra Bolivia ejecutada en estos 50 días, actuando a nombre de los “trabajadores”.

En el acto público, transmitido por todos los medios, las palabras pronunciadas por el más alto dignatario de Estado en la ocasión, en la forma y en el fondo, y las declaraciones del coronado por casco minero, llevaron a muchos a calificar el suceso como una rendición vergonzosa del Gobierno ante el chantaje.

El sabor amargo por el sacrificio ciudadano, inútil durante tantos días, se hizo intenso en las bocas de las personas que ansían tranquilidad para trabajar con decencia y mejorar sus vidas, de todos quienes se mordieron la lengua por responsabilidad cívica, callando su desilusión y tragando sus reclamos al Gobierno por su debilidad.

Así se fueron a tratar de dormir anoche. Para enterarse al despertar el sábado 20 de junio que había sido dictado el estado de excepción mediante el Decreto Supremo 5636, suceso sorpresivo que puede llevar a pensar que podría tratarse de una estrategia magistral basada en un diagnóstico certero que incorpora señales poco perceptibles en un contexto en el cual la información bombardea, desinforma, distrae y manipula.

Tal vez, los casos de Venezuela, Irán y Cuba, sobre los cuales cada día hay sorpresas y la duda persiste, estén demostrando que el mundo es más caótico y menos previsible que nunca. Tal vez por eso haya que aplicar la “ley de la corriente de una nueva percepción” y cambiar de perspectiva. Tal vez entonces sabremos que Bolivia ya tiene su Delcy Rodríguez y podamos dormir mejor. El tiempo lo dirá.

La autora es abogada