Legislativo ve una intensa campaña de mentiras sobre el Código Penal
Los presidentes de la Cámara de Senadores y Diputados, José Alberto Gonzales y Gabriela Montaño, aseguraron hoy que existe una intensa campaña de mentiras contra el nuevo Código del Sistema Penal.
“Queremos manifestar nuestra preocupación por la múltiple cantidad de mentiras que están circulando a través de redes sociales y algunos medios de comunicación. Buscan definitivamente enemistar a la ciudadanía y el pueblo con el Código del Sistema Penal”, dijo Gonzales en conferencia de prensa.
El presidente del Senado aseguró que hoy circula en Cochabamba una convocatoria “con el título SOS” que llama a todas la promociones de los colegios de este departamento a participar en una marcha y que señala que los futuros bachilleres no podrán ingresar a universidades privadas.
“Una mentira intolerable, en ningún tramo de la norma se hace referencia a una penalización a estudiantes o bachilleres que quieran inscribirse en universidades privadas o públicas. Es una falacia que nos inquieta ya que atenta contra el Código del Sistema Penal”, expresó Gonzales.
Asimismo dijo que la ley no sanciona “en lo absoluto” los cultos ni la congregación de personas por temas religiosos.
Montaño dijo que el Gobierno está dispuesto a debatir públicamente con cada uno de los sectores que se oponen a la norma. “Es una locura lo que les hacen creer a la gente (...). Hagamos los debates públicos con la gente que está mintiendo a la población, esto ya no se puede tolerar", indicó Montaño.
Por otro lado, Montaño dijo que existen “grupos que mienten” diciendo que el Código Penal es flexible con las personas que abandonen a niños, ancianos o mujeres embarazadas.
“Se ha incrementado las sanciones cuando se abandona a una mujer embarazada, a un niño, a un adulto mayor que no puede protegerse a uno mismo. Antes la sanción era de seis meses a tres años, ahora la sanción es de dos a cuatro años cuando se abandona a estas personas”, señaló.
También dijo que “circulan aberraciones” que indican que con el Código Penal otorga la potestad al Estado para incautar casas o cualquier tipo de bienes inmuebles. “Solo se sancionan las actividades ilegales”, remarcó.
Finalmente, la presidenta de la Cámara de Diputados afirmó que el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, está detrás de una de las campañas contra la nueva normativa que aún no entra en vigencia y que es cuestionada por muchos sectores.
