Legisladores con imputación tendrán que pedir licencia
El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, informó ayer que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) trabaja en la modificación de su reglamento para establecer que los asambleístas nacionales tengan que solicitar licencia de sus funciones cuando sean imputados por algún delito.
“Se está trabajando una modificación del reglamento, incorporando algunos tipos respecto a las faltas disciplinarias y esperamos que podamos aprobar, si hay consenso realmente, en esta legislatura”, informó en entrevista con el canal estatal.
Borda se refirió al tema días después de que el diputado de Unidad Demócrata (UD), Amilcar Barral, fue beneficiado con detención domiciliaria, sin permiso para trabajar, en el marco de un proceso penal por una presunta extorsión a los privados de libertad del penal de San Pedro.
Barral anunció que analiza presentar un amparo para asistir a trabajar a la ALP.
Borda aclaró que el nuevo reglamento establecerá la suspensión de actividades con imputación y no con sentencia ejecutoriada, como establecen las normas actuales.
“Diputado que tenga una imputación formal por lo menos debería ser licenciado de sus funciones para que asuma su defensa sin fueros, sin privilegios, entonces estos casos motivan a que el reglamento pueda ser mucho más coercitivo, para evitar, lamentablemente, esta desproporcionalidad de la injusticia de la justicia”, sostuvo.
Borda, días antes, también explicó que la pérdida de mandato se aplica si el legislador no asiste seis días continuos su fuente laboral, que se contarán cuando asuma la titularidad y no asista a sesiones.
INVESTIGACIÓN ESTRICTA DEL CASO
El ministro de Justicia, Héctor Arce, exhortó ayer a las autoridades a investigar objetivamente al diputado Amilcar Barral para que “ya no haya esta clase de parlamentarios que manchan la función legislativa que nosotros hemos recogido y cambiado con nuestra Constitución Política del Estado y la lógica de nuestro proceso de cambio”.
Barral es acusado de pedir dinero al exalcalde y delegado de los privados de libertad Édgar Patana para evitar una fiscalización sobre el manejo de recursos económicos de los quioscos instalados en el penal. El legislador negó la denuncia.
