Defensa de acusados por “golpe II” ve irregularidades en el proceso

País
Publicado el 09/02/2022 a las 0h43
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A horas del juicio oral, ordinario y público contra la expresidenta Jeanine Áñez, exmandos de las Fuerzas Armadas y la Policía por el caso golpe de Estado II, la defensa de los acusados denuncia al menos ocho irregularidades en el proceso como el desdoblamiento del caso en golpe I y II, la falta de respeto al juez natural, recursos presentados que no se resolvieron, vulneración al principio de indivisibilidad de juzgamiento y que no se tomó en cuenta las pruebas presentadas por la parte acusada, entre otras. La Fiscalía determinó el inicio del juicio oral para el 10 de febrero de este año.

En tanto, los exjefes de Estado y de Gobierno agrupados en la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA-Democrática) pidieron al relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Diego García-Sayán, visitar y conocer el caso de la expresidenta Áñez,

El Ministerio Público dividió el caso denominado “golpe de Estado” en dos investigaciones por tipos penales distintos, lo que posibilitó mantener a la expresidenta detenida preventivamente por un periodo de casi un año, además de afectar a exautoridades militares y policiales que en principio estaban en un proceso por los presuntos delitos de terrorismo, sedición y conspiración, con una segunda demanda penal, ésta llegó a denominarse “golpe de Estado II” por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.

Este proceso es observado por la defensa de los acusados, toda vez que existen varias irregularidades que se cometieron hasta llegar a la apertura del juicio oral.

Una de las observaciones es que el caso golpe de Estado II se inició por una figura de “desdoblamiento”, aspecto que no se contempla en el ordenamiento jurídico del país, sostiene el abogado Eusebio Vera, defensa del almirante Palmiro Jarjuri y del general Gonzalo Terceros.

Este aspecto violaría la “indivisibilidad de juzgamiento” que señala “que por un mismo hecho no se podrá seguir diferentes procesos, aunque los imputados sean distintos”.

Inactividad de la Fiscalía

Otra de las irregularidades es que el Ministerio Público encuadró las conductas, acciones y hechos de Jarjuri y Terceros a los ilícitos de los que están acusados, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, pese a “existir pruebas que conducen a identificar al verdadero responsable de la situación de los que son acusados”.

“Existen pruebas que nos conducen a identificar a quien fue el verdadero responsable, y esa inactividad investigativa de no ampliar en contra del verdadero autor es responsabilidad de la Fiscalía ”, sostuvo Vera.

No consideran incidentes

También se tiene la irregularidad sobre la falta de consideración de una “acción, un recurso que ha sido activado por Jarjuri y Terceros durante la etapa preparatoria, es decir, antes de ingresar a juicio oral no se ha resuelto aún el incidente que está pendiente en la Sala Penal Cuarta”.

Actividad procesal

Asimismo, se ha interpuesto incidentes en la etapa preparatoria por una “actividad procesal defectuosa”, por “no cumplir con el plazo que corresponde y que ha dejado en completo estado de indefensión a los imputados”, según Vera.

Incumplir plazos

Otra observación que plantea es que el Tribunal de Sentencia no cumple con el artículo 343 del Código de Procedimiento Penal, que plantea que el juez o tribunal tiene que señalar audiencia dentro del plazo de entre 20 a 45 días.

Juez natural

Entre las irregularidades también contempla que un solo juez haya firmado el auto de apertura de un juicio, actuado que fue observado y que se deje sin efecto el mismo, al no darse cumplimiento al “aspecto del juez natural”.

Uno de los elementos esenciales de la garantía del debido proceso “es el derecho al juez natural competente, independiente e imparcial”, dijo Vera.

La defensa también menciona que el Ministerio Público no tomó en cuenta varias de las pruebas presentadas y no agotaron el tiempo de investigación.

 

Expresidentes de IDEA abogan por Jeanine Áñez

Veintiún exgobernantes de España y América Latina pidieron a la ONU que revise la situación que vive la expresidenta Jeanine Áñez, en detención preventiva, además de demandar que se defienda en libertad.

Los exmandatarios que integran la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) pidieron en una declaración al relator especial de Naciones Unidas, Diego García Sayán, informar sobre los posibles “abusos de poder” en contra de Áñez. “Pedimos del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, quien ha anunciado su vista a Bolivia, conocer del caso de la exgobernante, conversar con ella, e informar sobre los abusos de poder cometidos en su contra”, sostiene un comunicado .

Recuerdan que en declaración de 15 de marzo de 2021 “hicimos constar que la detención de la expresidenta provisional y constitucional de la República Plurinacional de Bolivia Jeanine Áñez, bajo los cargos de ‘terrorismo, sedición y conspiración’, resultaba arbitraria y contraria a los principios fundamentales de un Estado de derecho”.

Señalan que, el 27 de julio de 2021, expresaron su “preocupación por una constante en la región, a saber, la judicialización de la política o guerra jurídica (lawfare); que vienen implementando desde el poder algunos Gobiernos con el objetivo de criminalizar a las oposiciones comprometidas con los valores de la democracia y la libertad”.

Refieren que la Corte IDH señala que “la separación del poder del Estado en distintas ramas y órganos guarda estrecha relación con el propósito de preservar la libertad de los asociados, porque la concentración del poder implica tiranía”.

Defensa cuestiona a dos ministros

La defensa de la expresidenta Jeanine Áñez denunció irregularidades en este proceso de golpe de Estado II, entre ellas, la injerencia del Órgano Ejecutivo.

Según los legistas, desde el Ejecutivo se instruyó de manera pública el periodo de inicio del juicio oral, la duración e incluso determinar la sentencia.

“Se demuestra una injerencia del Órgano Ejecutivo en el Órgano Judicial. Los ministros de Gobierno y de Justicia, Eduardo del Castillo e Iván Lima, están dando las directrices de cómo va a ser el juicio, y Jeanine Áñez y la defensa está consciente de que eso va a ocurrir”, sostuvo el abogado Alain de Canedo.

 

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